María Natalia Granados Hernández fue enviada a juicio por el juez Abelardo Alvir Ramos por supuestamente sustraer más de 187 mil córdobas del erario en concepto de viáticos inexistentes, junto a Jessika Ortiz Ulloa. Ambas funcionarias públicas trabajaban para el “Programa de Integración Fronteriza” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ejecuta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Sin embargo, familiares de la acusada Granados advierten que es “un montaje para perjudicarla”, ya que esta se oponía a cualquier malversación de los fondos de ese programa. “Mi mamá tenía problemas con su superior desde inicios de este año, porque ella pedía auditorías para el programa y no dejaba que se malversara ningún fondo y ahora salen con esta acusación para sacarla del camino”, dijo Jader Paiz Granados, hijo de la procesada.
Orden de captura contra una de la exfuncionarias del Ministerio de Hacienda
El judicial giró orden de captura para la acusada Jessika Ortiz Ulloa, ya que está prófuga según acusación del Ministerio Público. “Según los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público quien falsifica firmas y cambia los cheques es Jessika Ortiz Ulloa y no mi representada”, dijo Boanerge Fornos, defensa de Granados.
Según la Fiscalía, la acusada Jessika Ortiz Ulloa trabajaba en el Ministerio de Hacienda desde abril del 2008 hasta junio del 2017, mientras María Natalia Granados Hernández trabajó para la misma cartera desde febrero de 2010 a junio del 2017. Ambas servidoras públicas trabajaban en la parte contable. Ortiz era coordinadora administrativa en el Programa de Integración Fronteriza y María Natalia era la coordinadora Financiera del mismo programa, en el Ministerio de Hacienda.
Entre noviembre del 2016 a mayo del 2017, las acusadas, abusando de sus cargos y de común acuerdo, realizaron solicitudes de viáticos a través de 29 cheques a favor de ocho diferentes servidores públicos, que nunca los cobraron, ya que supuestamente la acusada Jessika Ortiz falsificaba la firma, los endosaba y los mandaba a cobrar.
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La acusación del Ministerio Público dice que Natalia Granados solicitaba el viático digitalmente, lo imprimía y se lo entregaba a la Jessika, quien firmaba las solicitudes sin autorización del jefe del proyecto Alvaro Mauricio Peralta e incluso hasta falsificó la firma de este.
Luego, los cheques eran enviados a la dirección general administrativa financiera para su aprobación, una vez aprobados, la acusada María Natalia los retiraba y entregaba a la acusada Jessika quien los cambiaba directamente o usando a otras dos personas. El daño causado al erario es por 187,219.47 córdoba.
El abogado Fornos solicitó cambio de medida cautelar ofreciendo la misma cantidad supuestamente defraudada al Estado como garantía, pero no fue aceptada. El judicial mantuvo la prisión preventiva.
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“Es ilógico que acusan a mi mamá de sustraer ese dinero porque ella no tenía necesidad de eso, ya que ganaba 2,200 dólares mensuales”, dijo Carlos Paiz Granados, hijo de la procesada.
Entre los testigos ofrecidos por el Ministerio Público están los empleados a nombre de quienes sacaron los cheques en concepto de viáticos, pero niegan rotundamente haberlos recibido. También está una prueba de documentoscopia para ver la presunta falsificación de firmas en cheques y las personas que en algunas ocaciones cambiaron los cheques a solicitud de la acusada Jessika Ortiz.