Un problema de “discriminación por edad” enfrenta en los últimos tiempos la clase trabajadora del país, pues la mayoría de empresas a diario ofertan trabajos a personas entre 18 años a 30 años, a quienes les exigen experiencia de al menos cinco años para poder contratarlos. Y en su lugar a los adultos con experiencia rehúsan ofrecerles empleo si pasan de los 35 años a 40 años.
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Para la dirigente del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, esta situación tiene su origen en “política contradictorias”, promovidas por los empresarios que se basan en políticas de mercado, que nadie las regula ni nadie las controla y discriminan a un sector de la clase trabajadora.
“A una chavala de 18 años que está saliendo de la universidad no le vas a pedir que tenga experiencia, tenés que darle oportunidad de trabajo. Además, es contradictorio porque te jubilas a los 60 años, pero a los 35 , 40 años no tenés quien te de trabajo formal”, explica Ramos.
Esto ocurre dice Ramos, pese a que en el país existe una Política Nacional de Empleo, que fue aprobada con el gobierno del presidente Enrique Bolaños y publicada en La Gaceta del 18 de mayo de 2006.
Ramos destaca la importancia de esa política de empleo, que pocos conocen pese a la importancia de la misma, porque es una política con enfoque de género porque fue consensuada entre el movimiento sindical, empresarios y técnicos de instituciones vinculadas al sector.
Esa política no está siendo tomada en cuenta y si la quieren descartar pues que hagan una nueva, señala la defensoras de las obreras de la maquila.
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“Se necesitan revisar los instrumentos que han sido generados por el Estado de Nicaragua para garantizar condiciones dignas de vida, que están allí embodegadas, que están allí pegadas en alguno de los escritorios de alguien, de un tomador de decisión, hacer un recuento y ponerlas en práctica”, manifestó Ramos.
“No tengo conocimiento de que se haya suprimido esa política, o sea que esa política está vigente y no se trataba de cuotas, sino de empleo digno para las mujeres, justamente para romper desigualdades, para mejorar la condición de la mujer a partir que tuviera iguales oportunidades, iguales derechos”, recuerda por su parte, la defensora de las mujeres, Martha Munguía.
“Las leyes están pero no se cumplen ni como política pública del Estado ni en su aplicación, quedan en una utopía”, señala el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez.
Y menciona que por ejemplo, “el tema de la estabilidad , de la equidad y la no discriminación que habla esta ley prácticamente es lo que más ha promovido este estado”.
Que dice la ley
En el artículo II de los considerandos de la Policía Nacional de Empleo, aprobado a través de un decreto el primero de mayo del 2006, en parte del mismo refiere entre otras cosas que tanto la Constitución como convenios internacionales relativo al trabajo establecen la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por trabajo de igual valor desempeñado.
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Y en parte de ese artículo establece: “en el mismo sentido, de conformidad a la legislación laboral vigente, el Estado debe proteger a la mujer nicaragüense tanto en el acceso al trabajo como en la permanencia en el mismo, principalmente cuando se encuentra en estado de embarazo, para proteger el proceso de reproducción humana”.
