Pena ajena, eso causó ver al subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel abandonar la entrevista que le realizaba el periodista Luis Galeano para el programa Café con Voz. Según lo entiendo, el formato del programa busca conectar al entrevistado con el debate cotidiano sobre la temática, no es bola pasada, por tanto, lo evidente no es la incapacidad del funcionario de debatir, sino la decadencia de una institución politizada.
Tampoco taparé el sol con un dedo, Latinoamérica en general tiene contaminación política en el nombramiento de ombudsman con mayor o menor medida, porque para lograr el nombramiento se obtiene el consenso de la clase política. Eso no significa que la institución deba ser inoperante como en nuestro caso, mañana la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) puede cerrar y en el país no pasa absolutamente nada. Con independencia del factor político, la tendencia regional ha apuntalado a mejorar el marco jurídico de estas instituciones para hacerlas más eficaces y coadyuvar al establecimiento de una agenda de Derechos Humanos (DD. HH.) en los diferentes países, eso es un debate jurídico que en Nicaragua no ha existido.
Al terminar esta nueva noche oscura para la democracia en Nicaragua, debe plantearse cambios a nivel orgánico en la PDDH y de procedimiento para su funcionamiento eficaz. A nivel orgánico es aconsejable que, sobre la o el titular de la dependencia, se cree un consejo ad honorem compuesto por ciudadanos designados por la Asamblea Nacional, ante quienes se sometan temas presupuestarios, plan estratégico, líneas de acción y hasta la pertinencia de atención a casos. El segundo elemento necesario a nivel orgánico es un centro de investigación aplicada que permita diagnosticar la situación de DD.HH., aportar soluciones estructurales y brindar sustento teórico y contextual para el desarrollo de políticas públicas. El tercer elemento es la creación de un área de seguimiento a las recomendaciones, no es suficiente la declaración de la violación a DD.HH. como establece actualmente el artículo 41 de la ley de la PDDH, cuando esto ocurre nace la obligación de reparación integral por parte del Estado y las víctimas deben ser compensadas.
A nivel de procedimiento hay varias cosas: que los funcionarios de la PDDH tengan fe pública, es decir, que los hechos que verifiquen tengan valor probatorio; que la PDDH tenga facultad de emitir medidas cautelares cuando esté en riesgo la vida, integridad personal o se cause un daño irreparable; paradójicamente el proceso de investigación de la PDDH no contempla la vista a la autoridad de respecto de la queja, la utilidad de ello es brindar a la autoridad la posibilidad de corregir la situación que vulnera los DD.HH.; la investigación de violaciones a DD.HH. en procesos judiciales no puede limitarse a la retardación de justicia, ya que por normativa internacional los ombudsman acreditan torturas entre otras cosas; es un error que exista término para acreditar la violación a DD.HH. como lo establecen los artículos 29 y 38 de la ley de la PDDH, las instancias internacionales han brindado criterios al respecto partiendo principalmente de la complejidad de la violación.
Anido la esperanza que las cosas algún día sean diferentes en la PDDH, aunque por ahora Jarquín Ortel me recuerda el teorema de la tortuga. Al igual que una tortuga sobre un poste de luz, sabemos que alguien lo puso ahí (Alemán), sabemos que es inútil que esté ahí (no hace nada por los DD.HH. y si lo hiciera, ya no sería subprocurador), no podemos creer que esté ahí (por incompetente y cínico). Quisiera concluir diciendo que lo único que podemos hacer es ayudarlo a bajar de ahí, pero mientras en Nicaragua no se restablezca la democracia, eso no ocurrirá.
El autor es maestro en Derechos Humanos.