El reembolso electoral realizado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) a los partidos políticos participantes en la pasada farsa electoral y los pleitos que hemos observado por la repartición del dinero a lo interno de esos partidos es sin duda un atraco a los contribuyentes por individuos viviendo de la política.
No solo fue el fraude en el que Daniel Ortega y Rosario Murillo se designaron la Presidencia y Vicepresidencia de la República, y los 72 diputados del FSLN. Los Ortega-Murillo nos han robado 15.5 millones de dólares, un pillaje a todas luces porque el FSLN no hizo campaña electoral, pues no era necesario porque la farsa estaba montada, una situación que quedó evidenciada con el alto grado de abstención.
Los “partidos” que le hicieron la comparsa al partido gobernante para “legitimar” la farsa han recibido un porcentaje de ese botín sustraído de las arcas del Estado. El PLC recibió un poco más de tres millones. Los restantes minúsculos partidos se aproximan al millón de dólares cada uno. Seguramente se dan por bien pagados, al final es dinero que no les cuesta. Este es el pago por alquilar sus servicios al régimen y darle la espalda al pueblo. Patético.
El elevado costo de cada voto. Nicaragua es uno de los países donde ejercer el derecho al sufragio universal se ha convertido en un lujo. Es el país latinoamericano con el costo más alto por voto, una situación que resulta paradójica por tratarse de un país en vías de más empobrecimiento en vez de crecimiento. El costo por voto en Nicaragua representa el doble de lo que cuesta en países desarrollados como Estados Unidos.
En Nicaragua cada voto tiene costo de 21.42 dólares, siendo el voto más caro en América Latina, un insulto, considerando la “envidiable” economía a la que fue llevada y aún se encuentra desde 1979, de ser el país más pobre de Latinoamérica. El voto en Nicaragua cuesta casi el doble que en Estados Unidos. La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos calcula que cada voto electoral en las pasadas elecciones de noviembre 2016 equivale a un gasto promedio de 11.67 dólares.
Podemos concluir que las elecciones se han convertido en un negocio redondo para el partido gobernante y sus secuaces.
Esta es una de las razones por las que EE. UU. aprueba la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, o Nica Act. Dicha ley es básicamente un fuerte intento de frenar la rampante corrupción y castigar a los corruptos. Aunque el régimen y los adictos del régimen han gastado cientos de miles de dólares tratando de que dicha ley no sea aprobada y satanizándola ante la población, la Nica Act ya fue aprobada en un comité de la Cámara baja y lo será en el pleno en los próximos días.
En la más reciente conversación que tuve con el señor Jonathan Burks, jefe de despacho del congresista Paul Ryan, el poderoso líder de la mayoría republicana del Congreso de los EE. UU., el señor Burks me comentaba el total respaldo que el congresista Ryan ha dado al Nica Act y de su apoyo a la Ley con sus amigos senadores en el Senado.
Para evitar que los hambrientos oportunistas, mejor conocidos como políticos, en la futura Nicaragua libre se deberá promover la creación de una legislación que elimine el reembolso electoral y que sean los propios partidos políticos que financien sus campañas políticas.
El autor es nicaragüense residente en Estados Unidos.