Denuncian inseguridad jurídica con tierras en Nicaragua

Luego que magistrados de la CSJ dijeran que los ciudadanos que tienen problemas legales con sus propiedades lo denunciaran, los reclamos han crecido como hongos aumentando la sensación de inseguridad jurídica de las tierras en Nicaragua.

Después que el mes pasado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos y Rafael Solís dijeron que todos los ciudadanos que tienen problemas legales con sus propiedades lo denunciaran en casos concretos, para buscar soluciones y de “una vez quitar esa imagen de inseguridad jurídica del país”, los reclamos han crecido como hongos aumentando la sensación de inseguridad jurídica de las tierras en Nicaragua.

Las instituciones señaladas por los afectados, como toma tierras son el Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, trabajadores de la Procuraduría General de la República y algunos terratenientes privados que incluso afirman ya fueron indemnizados por el Estado y siguen reclamando tierras en Nicaragua.

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Mientras que los procedimientos para quitarles la posesión de la tierra a los denunciantes son invasiones violentas y por las armas. Además, han utilizado el decomiso de propiedades al involucrarlas en casos de narcotráfico.

Entre estos casos está el de Roberto Carlos González quien denunció que el Ejército de Nicaragua con violencia y bajo amenazas le invadió su propiedad de 90 manzanas de tierras  en Nicaragua, ubicadas en Tecolote, municipio costero de Nagarote del departamento de León, el 27 de julio del 2017.

Invasión violenta

La invasión fue violenta con más de 80 miembros del Ejército armados, que llegaron en diferentes vehículos a eso de las 10 de la noche del 27 de julio del 2017 a tomarse la propiedad, detalló el afectado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Ahora tienen casetas instaladas en la propiedad. Hay miembros del Ejército y la Naval dentro”, dijo González ayer, después de 22 días que le fue arrebata su propiedad y el Ejército no ha dado versión al respecto.

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Otro caso es el de miembros del Colectivo “La Esperanza”, quienes reclaman la titularidad y la posesión de 357 manzanas de tierras ubicadas en la comarca Villa 15 de Julio del departamento de Chinandega. Según los afectados llevan 11 años en batallas legales, desde que la Policía junto a un terrateniente los despojaron de la propiedad, dedicada a la siembra de maní.

“Mis representados tienen titulo agrario desde 1989 y cuando su antiguo dueño vino a reclamar la propiedad a la PGR, el Estado de Nicaragua lo indemnizó hasta dos veces y a pesar que el Tribunal de Apelaciones de León anuló el proceso y remitió el expediente a su origen; sin embargo de la CSJ mandaron a pedir el expediente y lo tiene secuestrado en un despacho desde hace cinco meses”, afirmó Damian Pichardo asesor legal del Colectivo La esperanza.

Cuatro años de espera

Otro denunciante es César Grijalva Montenegro quien tiene cuatro años de estar solicitando a los tribunales de justicia que le regresen su propiedad de 180 manzanas de tierra y más de 100 cabezas de ganado que la Policía Nacional y el juez Edgar Altamirano, le arrebataron en el 2013.

Según el denunciante el judicial Altamirano ordenó la inscripción de la finca Las Banderas a nombre del Estado, aún sabiendo que es una propiedad privada.

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Según el denunciante, la propiedad la adquirió con su papá César Grijalva en el 2012, a través de un préstamo hipotecario con un banco nacional, que aún sigue pagando y se la compró al señor Adán Luis Talavera Salinas, pero en enero del 2013 la Policía Nacional realizó un quiebre de droga en Rivas, donde capturaron a José Gregorio Canales, quien había tenido una promesa de venta de dicha propiedad en el 2010, pero nunca fue inscrita.

La tiene un comisionado

El denunciante César Grijalba Montenegro asegura que la propiedad está en posesión de la Policía Naciona, incluso un alto jefe de esta institución tomó posesión de ella esta semana, a pesar de que introdujeron todos los documentos legales de la propiedad y del préstamo con el que fue adquirida y que aún siguen pagando en el banco, ante el juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, donde se ventiló la causa, pero aún así el juez decomisó la propiedad y todo lo que había en ella, incluidas casi 200 cabezas de ganado y maquinaria agrícola.