Con fiscales no hay fraude

Los partidos, sí, deben nombrar fiscales idóneos, recurrir al voluntariado y olvidarse de los fiscales “mercenarios” que trabajan mediante paga, eso hicimos cuando las elecciones del 25 de febrero de 1990, los fiscales eran personas con mística, estaban debidamente capacitados, eran profesionales, propietarios, amas de casa, sindicalistas, luchadores decididos a no permitir un fraude electoral

Desde que el Partido Conservador fue “secuestrado” por el ingeniero Alfredo Cesar & Cia, me alejé de toda actividad política, lo que no significa que esté desinformado de los problemas actuales algunos de los cuales no son diferentes a lo que ocurrió en la década de los ochenta, ya que entre los partidos opositores al FSLN, cunde la dispersión y los partidos opositores muchas veces no lo son al FSLN, sino a los otros partidos opositores.

Por otra parte los militantes de los partidos políticos dicen: ¿Por qué no nos unimos como lo hicieron a finales de 1980 cuando se conformó la UNO? Aquí sí, las circunstancias no son las mismas, en esa época se vivía una guerra civil donde se derramó abundante sangre nicaragüense; la dictadura era brutal y represiva, había diez mil presos políticos, la crisis económica era como la de Venezuela actual, no había producción agroindustrial, la inflación llegó a cifras históricas, no había productos de primera necesidad, etc.

Hoy existe una dictadura innegable, pero se trata de otra forma de dictadura, donde el poder ejecutivo controla absolutamente los otros poderes del Estado, cuya simple labor consiste en cumplir las órdenes del poder hegemónico, la autonomía municipal solo existe en el papel y los alcaldes impuestos y los pocos realmente elegidos, son destituidos amañadamente u obligados a renunciar.

Existe una corrupción generalizada que baja de las alturas y desciende hasta los funcionarios de bajo rango, pasando por los funcionarios medios, como gerentes, presidentes y administradores.

Se aproximan las elecciones y los dirigentes de los partidos, hacen y deshacen alianzas y “loquean” buscando candidatos a alcaldes y concejales, entonces es que surgen las voces de por qué no nos unimos como cuando la UNO. Indudablemente piensan que fue fácil lograr esa unidad, por el contrario fue un parto difícil, el canibalismo político afloraba, no escaseaban los dirigentes que en el día se reunían con los otros partidos opositores y por la noche se reunían con el Frente; Quedarán sorprendidos de saber que quien nos unió al final fue Daniel Ortega, cuando nos reunió, cumpliendo el mandato de Esquipulas, en el auditorio del Olof, los días 3 y 4 de agosto de 1989 y sus primeras palabras fueron: “He tomado las medidas de seguridad para que nadie salga de este edificio hasta que no se haya firmado un acuerdo”.

Asistí a esa reunión en la que estaban todos los poderes del Estado, en mi carácter de magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), había convenido con los líderes de la UNO, que una vez ingresado me pasaría a sentarme con los delegados de esta, me quedé asesorando al doctor Silviano Matamoros (q.e.p.d.), presidente del Partido Conservador.

Después que se retiraron los invitados nos quedamos los partidos de oposición y los delegados del FSLN. Teníamos diferencias entre nosotros mismos y con el Frente, de tal forma que en las primeras horas de la madrugada parecía que no habría acuerdo. Cerca de las 2:00 a.m. en nombre del PC propuse que se nombraran delegados especiales para reunirnos privadamente y tratar de crear un documento aceptable, Ortega estuvo de acuerdo y nos reunimos en otra oficina: Elí Altamirano (q.e.p.d.), Luis Sánchez Sancho, Jaime Bonilla, Silviano Matamoros y Bayardo Arce en nombre del FSLN. En menos de una hora redactamos un acuerdo político que se llevó al plenario y solo se le agregó que se eliminaran las confiscaciones por razones políticas y el respeto a la propiedad privada que consideró el Partido Conservador que eran básicas para lograr la paz.

En materia electoral el tema más debatido fue el del nombramiento de los fiscales, la oposición alegó que este era un derecho de los partidos, tal como lo consigna la Ley Electoral en su artículo 28, pero que ese derecho se lo había arrogado el CSE, quien obligaba a los partidos a enviar ternas y que el nombramiento lo hacía el Consejo y no los partidos como lo ordena la Ley. Esa propuesta se aceptó y quedó consignada en el numeral VI, acápite 18 del acuerdo que textualmente dice: “Los partidos políticos o alianzas de partidos designen libremente sus fiscales… Las credenciales enviadas por el Partido Político deberán ser rubricadas y selladas en el Consejo Electoral Regional respectivo”.

Es ingenuo creer, como lo exigen los dirigentes de los partidos que deben cambiarse los miembros del CSE, eso no es práctico ya que los nuevos nombrados serán por lo menos iguales a los actuales. La lucha electoral es en las Juntas Receptoras de Votos, el sandinismo lo sabe y se resistirá a cumplir con el art. 28 LE y con el acuerdo de 4 de agosto de 1989 pero no hay que ceder, ese derecho fue una conquista, que puede significar el triunfo o la derrota en una elección.

El Gobierno celebró un convenio con la OEA supuestamente para supervisar las elecciones municipales, se desconoce los términos del arreglo y  se supone que no existen fondos para sufragar los gastos. Pero es una realidad que vendrá una delegación de la OEA cuyo papel será legitimar el acto electoral. Me parece que la oposición podría aprovechar la venida del organismo para lograr que el Gobierno acepte como garantía mínima que se permita a los partidos el nombramiento de sus fiscales, lo que está contemplado en la Ley y en el acuerdo político ya mencionados.

Los partidos, sí, deben nombrar fiscales idóneos, recurrir al voluntariado y olvidarse de los fiscales “mercenarios” que trabajan mediante paga, eso hicimos cuando las elecciones del 25 de febrero de 1990, los fiscales eran personas con mística, estaban debidamente capacitados, eran profesionales, propietarios, amas de casa, sindicalistas, luchadores decididos a no permitir un fraude electoral. Esa gente existe, hay que buscarla y primero convencerla de que las elecciones constituyen un acto democrático y un medio de impedir una nueva confrontación entre nicaragüenses.

El autor es abogado y exdirigente Nacional del Partido Conservador.