Principal reserva de agua de Managua está desprotegida

Despale indiscriminado y construcción de urbanismo dejarán la capital sin agua, adviente la ex presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera

La sobreexplotación de pozos causará que las aguas que se extraigan sean calientes y no puedan utilizarse.

La sobreexplotación de pozos causará que las aguas que se extraigan sean calientes y no puedan utilizarse. LA PRENSA/ ARCHIVO

La tala indiscriminada y las construcciones de viviendas están destruyendo la principal reserva de agua de la capital, que comprende desde La Concha, Masaya, pasando por Ticuantepe, Sabana Grande hasta salir a Tipitapa, advierte la expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal), Ruth Herrera Montoya.

“Justamente esa zona que debió haber sido bosque, que no debió haber sido despalada, es donde fueron a asentarse las principales urbanizadoras. Entonces, en los últimos 15 años se cambió el uso de los suelos y, en vez del uso agrícola y forestal, lo convirtieron, con la tolerancia de la Alcaldía de Managua y Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), en suelo que se convirtió en inmensas lotificadoras”, sentencia Herrera.

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LA PRENSA quiso conocer la versión de los urbanizadores sobre este asunto. Pero al consultar al presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), Héctor Lacayo, dijo que estaba fuera del país en un tratamiento médico y no podía dar declaraciones. Por su parte, el segundo vicepresidente Ricardo Meléndez, no contestó las llamadas y el director Alfonso Silva aseguró no estar autorizado para hablar.

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De las tres subcuencas acuíferas que hay en Managua, la occidental, la central y la oriental, la principal es la última, pero no lo es por la cantidad de agua que posee sino por la calidad de la misma, señala la experta. Sin embargo, esta es a la vez, la más vulnerable a contaminarse porque los contaminantes, los patógenos y las bacterias se pueden escurrir por las rendijas de las rocas hasta llegar al acuífero.

“A cinco años, que es a corto plazo, los problemas del agua van a ser muy graves y a 20 años Managua no va a poder vivir de esas aguas y la única opción va a ser vivir del Cocibolca y de allí la  importancia de defender ese lago”, sentencia Herrera.


70% del agua que toman los habitantes de Managua provienen de la cuenca subterránea oriental que está siendo destruida por la tala y la construcción de residenciales.


Letrinas y fosas sépticas agravan situación

Otro de los graves problemas que dañan esta reserva de agua son las construcciones de fosas sépticas y de letrinas en las urbanizaciones, pues estas no son técnicamente adecuadas para este tipo de suelo. Además, de la sobreexplotación de los pozos que abastecen a los habitantes de esas zonas residenciales.

“Se están sobreexplotando los pozos que tiene Enacal para poder abastecer a todas las casas que se fueron a construir allí. Y esos pozos llegará un tiempo que las aguas que van a darnos son aguas calientes que tienen las características de los suelos volcánicos y que ya no se van a poder utilizar”, explica la expresidenta de esa institución.

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Hasta el momento en Managua se han hecho tres estudios sobre los mantos acuíferos de la capital, uno en 1984, otro en 1993 y el último en 2005 y todos apuntan a que en la zona oriental es donde está la mayor cantidad de agua. Sin embargo, estas zonas no se han protegido por las instituciones.

Según el estudio “La situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada”, de la cantidad de agua que Nicaragua tiene en sus aguas subterráneas, solo el 50 por ciento es aprovechable.

Sin estudios ambientales

Hace un mes, mediante un decreto ejecutivo el Gobierno de Ortega eliminó la obligación de los inversionistas de realizar Estudios de Impacto Ambiental antes de iniciar sus obras y facultó al Marena a otorgar los permisos correspondientes.

Con ese decreto Ortega derogó la normativa vigente desde diciembre del 2006 que garantizaba que el Estado de Nicaragua protegiera sus recursos obligando a los inversionistas a realizar Estudios de Impacto Ambiental y luego presentarlos a las autoridades para su evaluación.

“Quitar ese decreto significa darles legitimidad a los crímenes y delitos ambientales que se están cometiendo en este país. Es institucionalizar el delito”, concluye la especialista en temas de agua, Ruth Herrera.

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