Estos días la situación catalana llena de titulares todos los periódicos del mundo.
Cataluña vive inmersa en un choque de trenes sin precedentes entre el gobierno catalán convocante del referéndum del 1 de octubre y el gobierno español que trató por todos los medios impedir su celebración.
El referéndum se produjo con una alta participación y una gran movilización de la sociedad catalana, pero lo ha hecho lejos de los estándares mínimos democráticos, tal y como han reconocido los propios observadores internacionales.
Tras las actuaciones del gobierno de Mariano Rajoy tomando el control de las finanzas catalanas y tras la detención de altos cargos del gobierno catalán se extendía un gran sentimiento de indignación en una gran parte de la población, ya sea partidaria o no de la independencia.
Este se ha visto acentuado por las imágenes de violencia que se produjeron el mismo 1 de octubre en los colegios electorales. También hacía tan solo unos días que el Parlamento de Cataluña vivía algunos de los episodios más lamentables y vergonzantes de su historia. La mayoría parlamentaria que apoya el gobierno catalán violentaba el funcionamiento ordinario del Parlamento provocando la indignación de los diputados y diputadas de la oposición. El Parlamento aprobó la ley que regulaba el referéndum y una ley de transición jurídica y fundacional de la república que tiene que permitir salvar esa supuesta transición entre la Cataluña autonómica e independiente.
Europa, de momento, tampoco ayuda demasiado. Desde hace meses la respuesta ante preguntas sobre el conflicto catalán siempre fue la misma: no hay voluntad de interferir en los asuntos internos del orden constitucional de España.
Hasta el 1 de octubre la Comisión Europea mantenía el silencio sobre el caso catalán y las detenciones. Tras él se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo y a pedir la resolución pacífica de los problemas internos del país.
¿Pero hay quién defienda un punto intermedio ante tal choque de trenes? Sí la hay. Son muchos los que empiezan a alertar de la situación muy visible de fractura social que se está produciendo en la sociedad catalana, ya desde hace tiempo, pero que se está acentuando ante la situación de alta tensión que se vive en el país. Estamos en un momento en que las voces que reclaman una solución pacífica y dialogada, que reclaman respeto institucional y que advierten del incipiente conflicto social que se podría producir, empiezan a oírse.
Hasta ahora la situación se ha polarizado tanto que las voces equidistantes han callado para no ser vapuleadas por unos y otros.
Son precisamente las voces que reclaman respeto institucional, más política y una solución pactada y dialogada las que van ganando audiencia a medida que van pasando los días, especialmente tras el 1 de octubre. Y es que nadie puede dudar que el actual conflicto solo podrá ser resuelto en una mesa, dialogando y buscando una salida que sea aceptable para todos y, probablemente, con ayuda internacional.
Mientras tanto nuestro principal objetivo debe ser preservar la concordia, la convivencia, trabajar para evitar la fractura social, seguir condenando la violencia física y verbal y los ataques a la libertad de expresión, “reivindicando el diálogo como la única vía posible para el entendimiento en democracia tras el convencimiento de que la libertad de expresión y el respeto al otro y a las leyes son pilares esenciales e irrenunciables de la democracia.Todas las autoridades e instituciones deben actuar con un respeto escrupuloso a estos valores originales de la democracia y de la libertad”.
Con estas palabras fijaban su posicionamiento el pasado 20 de septiembre los rectores y rectoras de las universidades catalanas. La mayoría de la ciudadanía catalana y española deberían poder firmar una declaración así.
Siéntense y dialoguen.
Es el momento del diálogo y la política.
El autor es teniente de Alcaldía de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Vicepresidente del Ámbito de Sostenibilidad de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC).