El grupo de organismos, que conforman el consorcio Panorama Electoral, brindó este 6 de noviembre su informe final sobre las votaciones municipales, en el que concluyen que es imposible confirmar la validez de los votos, mientras aseguran que la falta transparencia y anomalías del sistema para favorecer al partido gobernante se han repetido por cinco elecciones seguidas.
En base a todas las graves anomalías comprobadas en el proceso municipal, Panorama Electoral demandó a través de un comunicado, leído por María del Carmen Castillo, uno de los miembros del consorcio, “el enjuiciamiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral por expresa violación a la ley” ya que les señala que han propiciado la total “ruptura del orden democrático del país”.
En esa comunicación dijeron que urge una reforma total del sistema electoral ante la clara evidencia de la “incapacidad del Estado para ofrecer el respeto a la vida y los derechos políticos de la ciudadanía nicaragüense”.
El consorcio Panorama Electoral está formada por ocho organizaciones, entre ellos el grupo Ética y Transparencia, Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua, entre otros. Han realizado tres informes en los últimos meses sobre el proceso, en los cuales han señalado la cedulación de menores, y recientemente publicaron otro sobre el aumento de la violencia y el uso de la imagen de la mujer, a manos de los partidos políticos, para buscar votos.
María Haydée Castillo, miembro del consorcio, expresó que lo planteado contra los magistrados es en base a la competencia de la ley que establece “que cada funcionario de Estado que no cumpla con la responsabilidad para la cual fue electo, la ley llama a recibir sanciones”.
“Lo que pasa que aquí se ha naturalizado la corrupción, los malos manejos y la mala administración pública, y los ciudadanos debemos exigir que eso cambie mediante sanciones”, expresó Castillo.
Violencia política
En el reporte final el consorcio de observadores de la sociedad civil recoge los siguientes incidentes críticos de violencia política durante y pos votaciones.
Dos personas asesinadas, un miembro de Yatama y otro del FSLN, varias casas quemadas y otras personas andan huyendo en la comunidad de Sandy Bay, desembocadura del Río Grande, Costa Caribe Sur. Esto fue producto de la inconformidad de la población por la no entrega de cédulas de identidad.
En el municipio de Wiwilí, Jinotega, resultó asesinado Elías Pineda Blandón quien se desempeñaba como fiscal del PLC. Otras tres personas fueron lesionadas en un ataque a la casa de campaña del PLC.
En San Sebastián de Yalí fue asesinado un sobrino del exalcalde del municipio, hecho acontecido en el contexto del reclamo por resultados electorales
Ocho personas de partidos opositores resultaron heridos de bala y morteros por parte de antimotines en elmunicipio de San Miguelito. Consorcio Panorama Electoral desplegó más de 400 observadores en el país pese a que no fueron acreditados por el CSE.
