A cinco días de ocurridos los comicios municipales continuaron los reclamos y denuncias en Jalapa, Nueva Segovia; Rancho Grande y Ciudad Darío, Matagalpa; Boaco, y Siuna, en el Caribe Norte, en rechazo a los resultados electorales. Las instituciones operadoras de justicia han intervenido para proteger a simpatizantes sandinistas o procesar a quienes rechazan los resultados, como ocurrió este viernes en Jalapa, donde la Policía no permitió que marcharan simpatizantes de la oposición.
Policía frena marcha opositora
En Jalapa, simpatizantes de partidos de la oposición y los del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salieron a marchar este viernes por las calles de Jalapa. Sin embargo, la manifestación de la oposición fue frenada por agentes antimotines de la Policía Nacional.
Desde las 7:00 a.m., sandinistas de Jalapa y municipios cercanos se reconcentraron frente a las oficinas municipales del FSLN para participar en una caravana por las principales calles de la ciudad de Jalapa.
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Opositores al Frente Sandinista anunciaron un día antes en las redes sociales “la marcha del cacerolazo” a las 9:00 a.m., pero minutos después miembros de organizaciones sandinista también anunciaron otra marcha a las 7:00 a.m. El lunes pasado igualmente ambas fuerzas políticas realizaron simultáneamente sus actividades públicas, en medio de un fuerte resguardo policial.
Simpatizantes del PLC cercados por antimotines
No obstante, a diferencia de lo ocurrido el lunes pasado, este viernes los simpatizantes del PLC no salieron a las calles de Jalapa. “No entiendo por qué nos limitan nuestro derecho a manifestarnos y nos encierran en una cuadra con fuerzas antimotines alrededor y evitando las entradas del pueblo, que nuestra gente venga desde las comunidades a apoyarnos”, recalcó Yolanda Bellorín, activista liberal.
Bellorín denunció que en la marcha sandinista se encontraban funcionarios y trabajadores de instituciones del Estado y alcaldías de Ocotal, El Jícaro, Dipilto, Macuelizo y San Fernando.
Mauricio Martínez, excandidato a alcalde por el PLC en Jalapa y a quien sus simpatizante consideran ganador de la contienda recién pasada, insiste en que “hubo fraude, ya que los cortes de energía eléctrica en horas de la noche, cuando se realizaba el conteo en las urnas, dejó mucho qué pensar”.
Momento en que los antimotines repliegan a los opositores. LASPRENSA/Alina Lorío
El jueves, César Ríos, presidente del Consejo Electoral Departamental (CED), informó que en Jalapa el FSLN obtuvo un 59.6 por ciento de los votos. Y aseguró que el recurso de impugnación presentado el lunes por el partido PLC “no tiene fundamento legal y es improcedente, puesto que las impugnaciones se hacen desde cada Junta Receptora y en ninguna JRV los fiscales de mesa presentaron recursos, ya sea de quejas, reclamos o impugnación”.
Trámite expedito
De ahí mismo de Jalapa, 13 simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad (CxL) son procesados en Ocotal, con un trámite expedito.
De los 13 acusados, 10 están detenidos y aunque son oriundos de la comarca El Limón, son procesados en Ocotal. La Fiscalía los acusa por supuestos daños en la escuela Salomón de la Selva, donde funcionó el Centro de Votación número 508, el pasado 5 de noviembre, cuando se registraron incidentes violentos. La Fiscalía asegura que los destrozos causados en la escuela por los acusados ascienden a 500 mil córdobas.
Shirly María Munguía, en su calidad de fiscal departamental y fiscal electoral de Nueva Segovia, fue quien presentó la acusación durante la audiencia preliminar realizada el jueves en el Juzgado Local Penal de Ocotal, cuya titular es Danieska Padilla, quien ya programó audiencia inicial para el próximo lunes.
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El abogado defensor Pedro Joaquín Ramos anunció que el lunes, para cuando fue programada la audiencia inicial, solicitará una inspección en el sitio con la presencia de un perito que determine el costo de los daños, pues con lo que ha establecido la Fiscalía “con eso construyen unas cinco escuelas”.
José Alejandro Garmendia Peralta, fiscal municipal por CxL, criticó la cuantía de los daños por parte de la Fiscalía y aduce que esto fue porque los acusados son simpatizantes de CxL.
“Ellos eran fiscales de junta y se metieron a salvar vidas porque había heridos. Allí fue donde sacaron las boletas para lanzarlas a las letrinas”.
NO RECIBEN RECURSO
En Ciudad Darío, Matagalpa, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pretende revertir, con recursos de apelación, el resultado preliminar que el Consejo Supremo Electoral (CSE) divulgó sobre las elecciones en los municipios de Rancho Grande y Darío, departamento de Matagalpa, pero las autoridades se niegan a recibirlos, denunció la representante legal del PLC en Matagalpa, Rosa Amelia Montenegro.
En el caso de Darío, el PLC había recurrido de revisión, ante el Consejo Electoral Departamental (CED) en Matagalpa, alegando que los resultados de ocho Juntas Receptoras de Votos (JRV) no fueron entregados por los presidentes de las mismas.
Además, una novena JRV que funcionó en la comunidad El Carbonal “fue ilegalmente constituida” y después el acta de escrutinio habría sido alterada, confirmó Montenegro.
Otro fuerte reclamo del PLC en Ciudad Darío
Los reclamos del PLC incluyen la anulación oficiosa de una JRV que le favorecía en el casco urbano de Darío, sin que la misma haya sido impugnada por ningún partido y que le daba 108 votos al PLC y 39 al FSLN.
Según el PLC, el acta de apertura señala que en la JRV de El Carbonal recibieron 400 boletas, pero en el acta de cierre aparecen supuestamente 419 votos: 68 para el PLC y 351 para el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Mientras que en una JRV que funcionó en la comunidad San Esteban, según la copia del acta que tiene el PLC, apenas votaron 121 personas, pero en el acta transmitida contaron 51 votos para el PLC y 301 para el FSLN.
El acta con resultados de otra JRV en la comunidad Las Cañas no fue entregada por el presidente de esa junta y tampoco fue transmitida por el Consejo Electoral Municipal (CEM).
Los reclamos del PLC incluyen la anulación oficiosa de una JRV que le favorecía en el casco urbano de Darío, sin que la misma haya sido impugnada por ningún partido y que le daba 108 votos al PLC y 39 al FSLN.
En Rancho Grande
Jaky Blandón Guido, presidente municipal del PLC en Rancho Grande, cuestionó que “el problema aquí es que no aparecen las actas de las comunidades que ingresaron a última hora (… ), no sabemos a dónde las trasladaron o de forma clandestina las tienen”.
En las elecciones de 2012, también con cuestionados resultados, el FSLN consiguió quedarse con la Alcaldía de Rancho Grande, aunque la oposición obtuvo un concejal más que le daba mayoría en el Concejo, por lo que el oficialismo emprendió una persecución contra los opositores a través de distintos mecanismos.
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En la votación para elegir a 20 concejales, del domingo recién pasado, los resultados preliminares del CSE dan 4,105 votos al FSLN y 3,826 al PLC, una diferencia de 279 votos, que estos últimos aseguran que sería revertida con los resultados de las actas de escrutinio pendientes de contar.