Analizando la evolución de las fuentes de financiamiento del Presupuesto General de la República entre 2006 y 2016, puede apreciarse que los recursos externos (préstamos y donaciones) se redujeron de un 5.65 por ciento del PIB en 2006 a un 3.22 por ciento del PIB en 2016. Los Ingresos de privatización, que alcanzaron el 0.19 por ciento del PIB en 2006, desaparecen. Ello significó una pérdida de recursos, medidos como porcentaje del PIB, del orden de 2.62 puntos porcentuales.
La disminución en las fuentes de financiamiento externo fue compensada, en su mayor parte, por el incremento en la recaudación de Ingresos Fiscales, la cual evidencio un incremento de 2.83 puntos porcentuales del PIB. La emisión de nueva deuda interna (letras y bonos del tesoro) aumento en 0.71 puntos del PIB, con lo cual estas fuentes internas de financiamiento del Presupuesto (ingresos fiscales y emisión de deuda interna) se incrementaron en 3.53 puntos del PIB. “Otras fuentes de financiamiento” aumentaron en 0.04 puntos del PIB.
Como resultado, el aumento neto en las fuentes totales de financiamiento del Presupuesto fue de 0.95 puntos del PIB, con lo cual las fuentes totales pasaron del 20.43 por ciento del PIB en 2006 al 21.38 por ciento del PIB en 2016.
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Por el lado de los usos de dichas fuentes, el gasto corriente primario, o gasto corriente sin intereses, aumentó en 2.56 puntos del PIB, lo cual fue parcialmente contrarrestado por disminuciones en 0.39 puntos en el gasto de capital, 0.64 puntos en el pago de intereses, 0.26 puntos en la amortización de la deuda pública interna y externa y 0.32 puntos en las transferencias al Banco Central, para un aumento neto de 0.95 puntos del PIB. Con ello, los usos del financiamiento, de manera concordante con las fuentes, también pasaron del 20.43 por ciento del PIB en 2006 al 21.38 por ciento del PIB en 2016.
Caben varias observaciones. El gasto de capital sigue siendo muy bajo, al representar solo 5.24 por ciento del PIB en 2016, inferior en 0.39 puntos del PIB al prevaleciente en 2006. La contratación de nueva deuda externa neta estaría ampliamente justificada si se destinase a financiar inversiones de alta rentabilidad económica y social.
Sin embargo, solo 207. 8 millones de dólares, el 12.3 por ciento de la nueva deuda externa neta contratada entre 2006 y 2016 por un monto acumulado de 1,683.1 millones de dólares, se destinó a financiar el déficit presupuestario, resultante del gasto de inversión.
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1,112.3 millones de dólares, equivalentes al 66.1 por ciento de esta nueva deuda externa neta, se destinaron al repago de la deuda interna.Por último, 363.1 millones de dólares, el 21.6 por ciento de la nueva deuda externa neta contratada, se destinó a incrementar la disponibilidad del Gobierno en el Banco Central.
Esto indica que se han hecho recaer sobre el endeudamiento externo neto, responsabilidades extremadamente amplias, que se extienden mucho mas allá del financiamiento de la inversión en infraestructura, campo en el cual el país aún adolece de necesidades inmensas.
Por otra parte, el Presupuesto debe asumir el financiamiento de las responsabilidades que competen a la política de protección social del Estado, las que actualmente son asumidas por el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y representan una carga desproporcionada sobre las finanzas de esta institución.
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Por lo demás, a la larga se mantendrá la tendencia a la disminución de las fuentes de financiamiento externo, mientras existen considerables necesidades de recursos adicionales para atender las grandes brechas desfinanciadas en materia de educación y en salud, teniendo en consideración, en este último caso, las demandas de gran magnitud que representaran el proceso de envejecimiento y transición epidemiológica, que propenden a un incremento fortísimo de las demandas de atención en salud, en patologías que requieren tratamientos más complejos y costosos.
La política fiscal, incluyendo la política tributaria y de exenciones y exoneraciones, de gasto y endeudamiento público, debería ser reordenada, en aras de responder de la mejor manera a las prioridades y exigencias del desarrollo del país, en vista, ante todo, del limitado tiempo que nos deja el acelerado proceso de envejecimiento.
(*)Economista