En su edición de este jueves 16 de noviembre, LA PRENSA publicó la nota informativa de primera página, titulada Ejército debe explicar muertes ocurridas en la Cruz de Río Grande, redactada por la periodista Elízabeth Romero.
La información se refiere a las seis personas, entre ellas dos mujeres, que en la madrugada del domingo 12 de noviembre corriente murieron en la comunidad de San Pablo, municipio de La Cruz del Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur, en un supuesto enfrentamiento con efectivos militares. Como ocurre siempre en estos casos, los muertos fueron calificados por el Ejército como miembros de una “banda delincuencial”.
Pero no es un asunto trivial que seis personas mueran de una sola vez en un enfrentamiento con el Ejército, ya sean alzados en armas contra el Gobierno o delincuentes comunes. Se trata de un hecho muy grave que las autoridades del Estado y particularmente del Ejército deben explicar de manera convincente.
El experto en derechos humanos, Uriel Pineda, dijo para la nota informativa que “lo primero que debe esclarecerse es quiénes son las víctimas. Si las personas asesinadas pertenecían a algún grupo con motivación política, sin perjuicio de que no estemos en un conflicto armado y que el Gobierno no haga el reconocimiento de beligerancia, debe tratar a estas personas acorde al Derecho Humanitario”. Además señala que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se debe utilizar el Ejército para combatir a la delincuencia común, lo cual es tarea de las fuerzas policiales.
A su vez, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión declaró a LA PRENSA que por la cantidad de muertos en el supuesto enfrentamiento se puede entender que hubo una orden de “aniquilamiento”. El defensor de derechos humanos se pregunta por qué los cadáveres fueron enterrados en una fosa común por el mismo Ejército, por qué no los entregaron a sus familiares y por qué Medicina Legal no fue llamada a determinar las causas de las muertes.
También opinó sobre el asunto el mayor retirado Roberto Sancam, antiguo miembro del Ejército Popular Sandinista, quien recordó que durante la guerra civil de los años ochenta “para matar a seis (miembros de la) Contra, sin heridos, tenía que ser una emboscada muy bien preparada y era una operación de aniquilamiento”.
Sancam critica que se ha hecho costumbre que los cadáveres de las personas que mueren en operativos militares, “los entierran, no se los entregan a sus familiares, no llega Medicina Legal, en un país donde no hay guerra”. Y reflexionó que cuando se actúa a escondidas es porque se quiere ocultar algo.
Ciertamente, el Ejército está obligado a informar la verdad de lo que ocurrió en esa remota región del Caribe Sur en la madrugada del domingo pasado. Se supone que el Ejército se debe al pueblo y, según dice el artículo 93 de la Constitución, sus miembros reciben “educación patriótica, cívica, en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario”.
Por mandato constitucional, por el honor militar y por su deber ante los ciudadanos, el Ejército tiene que aclarar el caso de los seis muertos de la Cruz de Río Grande.
