Todos los regímenes no democráticos son enemigos de los derechos humanos. Esta es una relación de causa y efecto.
En este campo el régimen orteguista de Nicaragua no se queda atrás de los demás gobiernos dictatoriales. Viola sistemáticamente los derechos humanos de muchas maneras, incluyendo la más brutal que es el irrespeto a la vida. Los viola también menospreciando y bloqueando a los organismos y personas defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales.
En el primer ámbito de violación de los derechos humanos, que es el de la vida, hay que mencionar la reciente matanza de seis personas, incluyendo un niño y una adolescente, ejecutada por miembros del Ejército en La Cruz de Río Grande. Ha sido un crimen atroz que sigue conmoviendo las conciencias de muchos nicaragüenses.
En el segundo orden cabe mencionar la prohibición de entrar al país de la relatora especial para asuntos de la niñez, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La funcionaria internacional de derechos humanos, señora Esmeralda Arosemena, de nacionalidad panameña, venía a participar en un evento conmemorativo del Día Internacional de los Derechos del Niño, pero el Gobierno sin ninguna razón le negó la entrada a Nicaragua. Aparte de esto la CIDH ha solicitado desde hace 10 años permiso para venir a Nicaragua, con el objetivo de examinar la situación de los derechos humanos en el terreno, pero el régimen se lo ha negado reiteradamente.
El jurista argentino Santiago Catón, quien fuera secretario ejecutivo de la CIDH durante 11 años, ha recordado en un reciente artículo de opinión que el extinto dictador venezolano Hugo Chávez —a quien en Nicaragua el oficialismo le rinde un culto de tipo religioso—, se refería de manera vulgar a esta Comisión y la llamaba “basura”, “excremento puro”, “mafia” y “nefasta”. Y la acusaba de ser “un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a gobiernos como el venezolano”.
Es comprensible, pero nunca justificable, la hostilidad de los gobernantes autoritarios y dictatoriales a los organismos y personas defensores de los derechos humanos. Para ellos los derechos humanos no son inherentes a la persona, anteriores al Estado y los sistemas políticos y mucho más importantes que estos. Los gobernantes dictatoriales creen que los derechos humanos son concesiones de los gobiernos a las personas y por lo consiguiente se los pueden condicionar, eludir, irrespetar e inclusive suprimir absolutamente, como ha sido el caso de las seis personas masacradas sin piedad y enterradas en una fosa común en La Cruz de Río Grande.
La libertad, la justicia y la paz “tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, se dice en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 y todos los Estados y gobernantes del mundo se han comprometido a respetar y cumplir.
Pero en Nicaragua, 69 años después de esa Declaración y compromiso se siguen cometiendo horrorosas violaciones a los derechos humanos, como la matanza de La Cruz del Río Grande el recién pasado 12 de noviembre.