Las recientes elecciones municipales del 5 de noviembre pasado, dejan mensajes que necesariamente hay que tener en cuenta como parte del análisis de las mismas y de la situación política del país.
De acuerdo con los informes que se han dado, de las 153 alcaldías existentes, el FSLN habría obtenido más de 130, lo que es una referencia que reafirma un dominio significativo sobre el sector municipal que contribuye a consolidar el control del poder sobre el escenario político general.
La abstención, junto a la división y devaluación general de la oposición, refleja, además de un cierto porcentaje de indiferencia, una ciudadanía que no confía en el sistema electoral y que no encuentra dónde depositar su voto en contra de quienes gobiernan actualmente. Por otra parte, refleja también que el FSLN ha diseñado ese mapa político en el que concentra un poder cada vez mayor, al extremo de tener un dominio y un control casi total en las diferentes esferas de la vida nacional.
Ante la pregunta de por qué esta situación, habría que tener en cuenta la estrategia de demolición a la oposición realizada por el poder, mediante la destrucción de partidos y coaliciones, poco antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2016; la estrategia del poder de reconstrucción de una fachada de oposición a su medida; la división entre los diferentes partidos; y la acción para golpear o para atraer a sus propios intereses y tácticas, a los grupos políticos dispuestos a jugar ese papel, a cambio de obtener algunos beneficios y reconocimientos.
Es claro que a partir de esos hechos puntuales se prefiguran para la oposición situaciones que definen las características generales de su propia crisis, como serían: falta de un proyecto de país; de una estrategia política; de liderazgo; división y confrontación; aceptación de parte de algunos grupos políticos de jugar el juego que el Gobierno les propone.
En una situación como la descrita, resalta con toda claridad el dominio casi total sobre el país que tiene quien ejerce el poder actualmente. En ese contexto, parte de su estrategia ha sido destruir, dividir, anexar a sus intereses a una parte de la oposición; fabricar una oposición a su medida, castigar a aquellos grupos políticos que afortunadamente aún existen y que realmente se oponen a su actuación.
Debido a ello, la ciudadanía se ha apartado de una acción directa a favor de determinados sectores y contra el poder, y ha hecho de la abstención una forma de expresar su desconfianza en el sistema electoral y su oposición y rechazo a las actuaciones del poder. En esas circunstancias, la abstención ha sido, entre otras cosas, una forma de denunciar que los resultados ya se tienen antes de realizar las votaciones.
Esta situación fabricada por el poder mediante la estrategia del “bastón y la zanahoria”, entre otras, está cerrando las puertas a una acción cívica, y clausurando alternativas políticas que pueden ejercerse en forma pacífica y democrática. Este cierre de espacios puede abrir caminos no deseados al transformar la indiferencia en violencia y la abstención en confrontación.
Un mapa político competitivo y democrático, visto desde el plano de la oposición, requeriría, cuando menos, la construcción de una nueva opción política; la existencia de un nuevo liderazgo, la unidad de los diferentes grupos en torno a una agenda mínima, y la construcción, conjuntamente con la sociedad civil y la ciudadanía en general, de un proyecto estratégico alternativo.
Reconstruida la oposición, y sin perjuicio de la acción política específica a sus propósitos y objetivos, se requiere, en aras de los intereses nacionales que trasciendan los intereses personales, partidarios o sectoriales, la construcción de un proyecto estratégico, de un plan de país, por medio del diálogo y la concertación de los diferentes sectores de oposición partidaria y ciudadana.
Un acuerdo integral es necesario para construir conjuntamente un camino nuevo y evitar la confrontación y la violencia en la que la situación actual puede desembocar.
A lo inmediato se requiere identificar algunos puntos específicos que puedan conducir a una unidad en la acción y permitir un trabajo conjunto a través del cual se busquen y encuentren aspectos comunes de interés nacional.
Uno de esos puntos, entre otros, podría ser la propuesta de una reforma integral del sistema electoral, que ofrezca las garantías necesarias para la realización de un proceso eficaz y transparente.
En ese sentido podría orientarse una acción política de interés nacional, que puede producir la unidad entre los diferentes grupos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
Pero más allá de lo inmediato y urgente que debe ser atendido sin dilación, está presente la necesidad de pensar en una reforma integral del Estado y la sociedad, que se adecue a las necesidades que imperativamente demandan un cambio en la realidad social y la cultura política.
No hay que perder de vista el bosque por ver el árbol, ni tampoco perder de vista el árbol por ver el bosque, pues se podría tropezar con él. Lo necesario lo integran ambas dimensiones; lo particular y lo general. Esto debe ser objeto de una concertación que integre esas dos expresiones de la realidad y que oriente las transformaciones en la sociedad, los partidos políticos y el Estado.
La concertación significa un salto cualitativo sobre lo que han sido las dos expresiones dominantes de la política nicaragüense: la confrontación o la claudicación.
Se concerta no para tratar de imponer en forma total y sin apelación un modelo político, ni para disolver en el núcleo de las fuerzas políticas dominantes la identidad del adversario, sino para tratar de encontrar un plano de coincidencias mínimas de las diferencias, un punto de convergencia de las contradicciones.
Pero sobre todo para garantizar los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad, sobre quienes recaen las consecuencias de las decisiones que se tomen.
La concertación no es para repartirse las cuotas de poder, no es un pacto de cúpulas para beneficiarse, sino para tener en cuenta que todo plan político y económico debe ser ante todo un plan social que tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de la sociedad nicaragüense.
Hay que tener en consideración que el futuro político, económico y social se construye en el presente y que hay que trascender las visiones y actitudes coyunturales. Dejar de pensar y debatir sobre la sociedad que deseamos y que queremos construir, sería un signo de desesperanza y frustración.
La búsqueda de esa sociedad democrática basada en el Estado de Derecho y en el respeto a los Derechos Humanos debe ser la conducta que rija toda concertación y búsqueda de las alternativas hacia el cambio, el desarrollo y la justicia social.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.