En las dos últimas elecciones, las presidenciales del 2016 y las municipales celebradas este año 2017 no han quedado dudas que el gran ganador ha sido el abstencionismo, derivado de la falta de confianza de la población en un sistema electoral viciado y estructurado para favorecer al partido gobernante.
La sabiduría popular ha considerado que en tales condiciones no tiene sentido ejercer el derecho al voto ya que no hay garantías de que será contado como se debe, por tanto, ir a las urnas solo representa un acto de legitimación de una farsa electoral donde se vota pero no elige.
El abstencionismo en las pasadas elecciones municipales, si bien no se puede medir científicamente, porque los datos del Consejo Supremo Electoral no son confiables, superó con creces al del año pasado, al grado de convertirse en una evidente preocupación para la pareja presidencial.
Acostumbrados a votar casi a la hora prevista para el cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), decidieron hacerlo más temprano e inmediatamente después de ejercer el sufragio, el presidente Ortega abordó el tema e hizo un llamado a votar, lo cual dejó claro dos cosas: la primera el reconocimiento de la magnitud del problema y la segunda que el abstencionismo estaba golpeando en su propia puerta ya que ni sus propios partidarios estaban votando, pues de lo contrario no habría hecho alusión al asunto ni pedido se saliera a votar.
Pero al hacer este llamado el mandatario nicaragüense y su consorte estaban pidiendo lo imposible, porque si la gente se abstuvo no fue por falta de civismo, sino como una forma de expresar su rechazo a un proceso electoral plagado de las mismas irregularidades y arbitrariedades que desde las elecciones municipales del 2008 se vienen denunciando, en consecuencia, era difícil tener una respuesta positiva a tal solicitud, como quedó demostrado al final de la jornada electoral donde se tuvo una raquítica participación ciudadana.
Y es que resulta completamente desacertado creer que por tener el dominio absoluto del poder se puede controlar la voluntad de los gobernados, o pensar que es posible conseguir el apoyo popular en unas elecciones donde de antemano se sabe quién va a ganar debido a que quien cuenta los votos actúa de forma parcializada y los asigna como quiere.
Para que la ciudadanía pueda participar masivamente en un proceso electoral no basta con pedirle que vaya a votar, se necesita brindar condiciones mínimas para que exista confianza en el valor del voto y esto pasa indispensablemente por un cambio total y verdadero no solo de las autoridades electorales sino de todo el sistema de elección amañado que se ha venido construyendo para favorecer a un solo competidor.
Se requiere entonces, elegir nuevos y probos magistrados electorales implementando un sistema diferente de elección que garantice la no influencia de los partidos políticos y abra las puertas a candidatos provenientes de los diferentes sectores sociales como la academia, sociedad civil y profesionales independientes.
Igualmente se debe realizar una reforma profunda a la Ley Electoral con cambios reales y no superficiales para asegurar la composición no partidaria de las estructuras electorales así como acabar con prácticas ilegales como la entrega de cédulas a menores de edad, el uso ilegal de los bienes del Estado para actividades partidarias, el manoseo indiscriminado del padrón electoral entre otros aspectos que niegan a los nicaragüenses el derecho de elegir a sus gobernantes en comicios libres, justos y transparentes.
Así que, mientras no se observen cambios convincentes que indiquen un rumbo diferente en el comportamiento de actual sistema electoral, solicitar a la gente que salga a votar será como pedirles peras al olmo.
El autor es director ejecutivo de Hagamos Democracia