En Nicaragua el derecho a la vida es el más vulnerado, seguido de derechos civiles y políticos, tales como elegir y ser elegido, a la manifestación y movilización, los cuales también se vieron claramente afectados durante el presente año. Esto lleva a defensores y especialistas en derechos humanos a considerar, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que en Nicaragua ha habido un agravamiento de la situación de deterioro de los derechos humanos.
Según el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, la mejor prueba son las doce muertes violentas ocurridas entre el 6 y 12 del recién pasado mes de noviembre, sin que alguno de esos casos haya sido investigado.
Las muertes a las que hace referencia Carrión ocurrieron en un contexto de protestas, posterior a las elecciones municipales en el país, y seis de estas personas fallecidas, entre ellos dos menores, durante una operación militar, en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, sobre las cuales no hay suficiente información oficial respecto a las circunstancias en que ocurrieron, pues el Ejército de Nicaragua ha callado a los señalamientos de los diferentes sectores de la sociedad.
Exige cuerpos
Elea Valle, madre de los dos menores de edad que murieron en la masacre en la comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua, sostuvo este sábado que mientras tenga vida, seguirá pidiendo los cuerpos de su esposo y sus dos hijos, los cuales fueron enterrados en una fosa, supuestamente por la brigada del Ejército que los ejecutó junto a otras personas más.
“Yo le digo al señor Ortega que me entregue a mis niños y a mi marido, para que no estén tumbados allí (fosa común), porque ellos no son perros. Yo exijo que me los entregue, ya”, clamó la campesina.
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Valle reiteró que mientras el Gobierno no le entregue los cuerpos, no desistirá en la denuncia nacional e internacional.
“A mí me arde la vida pensar que mis niños están tumbados en esa fosa, tirados allí, sin ropa, desbaratados y que me los entreguen ya, que no se vaya más el tiempo”, insistió Valle, quien aseguró que hoy marchará en Managua, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Violencia contra mujeres
A las muertes en el contexto electoral y la masacre, Carrión les agrega las muertes de mujeres a causa de la violencia de género, que ya suman 55, de acuerdo con los registros extraoficiales del Programa Voces, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, cifra que ya supera a la del año pasado.
Con Carrión coincide la directora del Centro de Atención a Mujeres Acción Ya, Martha Munguía, quien al derecho a la vida le suma la violación a los derechos a la salud, reproductiva de las mujeres, a la tierra, a la libertad de organización y de expresión.
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“Tenemos que decir que lamentablemente volvemos a ser las mujeres quienes estamos más vulneradas y violentadas en nuestros derechos más fundamentales: la vida, la salud, el derecho a la maternidad y la movilización pública”, afirmó Munguía, tras señalar que “aquí no hay libertad de organización, hay trabas para que las organizaciones podamos recibir fortalecimiento institucional, la organización se limita a las capacidades mínimas”.
Munguía manifestó que en Nicaragua “se privilegian expresiones que tienen que ver con el poder y se minimiza y se bloquea (otras), mirá el 25 de noviembre la inmensa represión desatada contra las mujeres por levantar la bandera de sus derechos humanos; es vergonzoso lo que está pasando en Nicaragua”.
El peor escenario
Para el Cenidh, en Nicaragua lo que ha ocurrido durante el presente año ha sido “la continuación de sistemáticas violaciones de derechos humanos por un Gobierno que es el peor escenario para la vigencia de los derechos humanos”, dijo Carrión.
El secretario general de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, por su parte mencionó que durante el presente año lo que se ha obtenido por parte del Estado ha sido represión, impunidad, indolencia e injusticia.
“El tema de la situación de los derechos humanos en nuestro país es una constante que día a día viene siendo más violentada por parte de un Estado que no demuestra voluntad política para mejorar el cumplimiento de los mismos”, manifestó Leiva, quien mencionó que el Estado de Nicaragua ha mantenido una actitud hostil respeto a los derechos humanos de la población nicaragüense.
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No obstante, el especialista en derechos humanos Uriel Pineda expresó que cuando existe un régimen de corte autoritario y centralista, como el que encabeza el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, “es difícil decir que un derecho humano es más violentado que otro”.
Recordó que durante el presente año se vulneró “la anulación del derecho al voto y elecciones libres; la represión y obstaculización del derecho a la protesta; el acceso a la justicia ante violaciones a derechos humanos”.
Para Pineda, no obstante, lo nuevo este año fue la legalización de la degradación ambiental en Nicaragua, lo que a su criterio “es gravísimo”, pues el desarrollo sostenible implica el aprovechamiento de los recursos sin comprometer su disponibilidad para futuras generaciones “y una de las maneras de garantizarlo es justamente reconociendo el principio precautorio en la legislación ambiental”.
“Esto es muy grave y amerita un debate público amplio, el régimen encabezado por Daniel Ortega en su afán de perpetuarse en el poder no tiene derecho a destruir los recursos naturales de nuestro país, ese es nuestro patrimonio y es nuestra responsabilidad preservarlo para futuras generaciones”, sostuvo Pineda.
(Con la colaboración de Emiliano Chamorro)
