En una extenuante contra reloj y pese a una férrea oposición, el Congreso mexicano aprobó este viernes por mayoría una polémica Ley de Seguridad Interior, que establece el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Con esta decisión, que llegó tras 16 horas de debate en el pleno del Senado, el Congreso aprobó finalmente la Ley de Seguridad Interior en el día en que cierra el último periodo de sesiones del 2017.
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Militares y marinos asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad y obtener una Declaratoria de Protección.
“Grave peligro”
Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero tienen la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.
Si las amenazas a la seguridad interior representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, explicó el Senado.
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Dentro y fuera del ámbito político, la medida ha levantado una enorme controversia.
Mientras que para algunos es una manera de regular el papel de los militares en unas actividades que llevan desempeñando desde hace una década, para otros se perpetúa su presencia en las calles en un país donde ya suman 150,000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30,000 los desaparecidos.
“Quiero afirmar de frente a la nación, de todos, a mi familia, que es una ley constitucional, que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que no va a militarizar el país. ¡Ya basta de estar mintiendo!”, dijo este jueves la diputada Mercedes Guillén, del oficialista Partido Revolucionar Institucional (PRI).
Proyecto legislativo cuestionado
En tanto, Rocío Nahle, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó: “En esta guerra sin sentido las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo que no les corresponde”.
“Hoy, en una forma irresponsable, nosotros los legisladores, pretendemos ir más allá y hacer un estado de excepción permanente”, aseguró.
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Esta posición de Morena va en sintonía con numerosas organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales que llevan meses cuestionando el proyecto legislativo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó este viernes de “lamentable” la aprobación, y apeló a reforzar los cuerpos de policía.
La debilidad de las policías municipales -a menudo faltas de recurso o coludidas con el crimen organizado- es una de las razones que alegan quienes son favorables a la presencia de militares en las calles.
Diálogo nacional
Previo a la aprobación, Amnistía Internacional (AI) consideró “inaudito” que el Congreso pase por alto “observaciones y advertencias” de la sociedad civil, academia y organizaciones.
Se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil “de generar un diálogo nacional” en aras de defender los derechos humanos.
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Pese a la oposición, un sondeo reveló este jueves que 59 por ciento de los mexicanos apoyan que los militares participen legalmente y de manera continua en la seguridad pública, al considerar que están mejor preparados.
Aunque la necesidad o no de regular el papel de los militares era un asunto público desde hacía años, el debate a la ley se volvió imperioso en diciembre de 2016, luego de unas declaraciones del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y el presiente de México, Enrique Peña Nieto.
El primero, en unas inusuales palabras, aseguró que “levantaría no una, sino las dos manos” para que el Ejército volviera a los cuarteles y llevara a cabo las tareas que le corresponden constitucionalmente.
“No estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, apuntó.
Días después, más contenido, consideró “urgente” una legislación que regulara “adecuadamente” su papel en seguridad pública.
Esa misma semana, Peña Nieto urgió a los legisladores diseñar esta norma que habría de dar “certeza jurídica” a los soldados y marinos, “tanto en su acción individual como en el plano institucional”.