Tras las pasadas elecciones municipales que contaron con la observación de la OEA, ha quedado claro que queda mucho camino por andar para que las elecciones generales del 2021 sean libres, transparentes, competitivas y observadas, de tal manera que se restituya la confianza de la población en el sistema electoral. Esta confianza ha venido siendo erosionada por 5 procesos consecutivos de elecciones fraudulentas, lo que ha llevado a un rechazo al sistema por medio de la abstención masiva.
Hay que reconocer que hubo avances en las pasadas elecciones municipales, como lo fue la apertura a los observadores internacionales de la OEA y a los de los partidos a lo largo del proceso y la publicación en línea junta por junta de los resultados parciales, pero también hubo retrocesos que lo mancharon, como el fraude selectivo mediante la alteración de las actas en algunos municipios como San José de Bocay, así como la violencia poselectoral en otros, como San Sebastián de Yalí. Ahora que los mismos observadores de la OEA han señalado que se necesitan reformas a la Ley Electoral, debemos aprovechar para exigir, toda la oposición unida a una sola voz, no solo las reformas que sean necesarias consensuar en un diálogo nacional, sino también los necesarios cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Estos cambios en el CSE deben ser vistos como una demanda muy sentida de la mayoría de la población de Nicaragua, muy necesarias para restablecer la credibilidad en el sistema electoral, y no como una demanda de una potencia extranjera que ha decidido aplicar la Ley Global Magnitsky al presidente del CSE, Roberto Rivas, por razones que son bastante obvias.
Las reformas electorales deben estar orientadas a facilitar la participación de todos los partidos en las elecciones, pero también se debe de mantener y aplicar la ley actual, que establece que como mínimo los partidos deben obtener un 4 por ciento de la votación a los partidos para ameritar el reembolso de gastos electorales y bajar al 2 por ciento el requisito para mantener la personería jurídica.
A pesar de que la Ley Electoral establece la base del 4 por ciento, de hecho los partidos no la pierden aunque obtengan menos del 1 por ciento y reciben reembolso por sus gastos electorales aunque de acuerdo a la Ley, no deberían. Los partidos que saben que no obtendrán el mínimo requerido de la votación deben conformar alianzas. Además de facilitar la participación, para que nadie se queje de exclusión y que exista la máxima competitividad, las reformas deben estar encaminadas a garantizar la transparencia y la observación en el recuento de las actas para que no pueda haber un “pluma mágica” que altera los números finales en las actas originales, a como sucedió durante las pasadas elecciones municipales.
Las reformas electorales deben darse porque Nicaragua las necesita y su pueblo lo demanda, y no como resultado de una presión foránea, por más bien intencionada que esta sea.
Deben darse, para honrar la memoria de aquellos que lucharon toda su vida por elecciones libres y hasta la ofrendaron porque Nicaragua vuelva a ser república, como dijo el Mártir y Héroe Nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que en este 10 de enero se conmemora el 40 aniversario de su vil asesinato.
Como bien lo ha señalado el politólogo José Dávila Membreño en una propuesta a la nación: “Un grupo de abogados, expertos electorales y representantes políticos de toda la oposición, debe ser parte de una comisión que elabore la propuesta. Ese proyecto de reforma profunda electoral debe contar con el consenso de toda la oposición política democrática, los movimientos sociales y todos los gremios interesados en que Nicaragua dé un paso importante hacia la democracia”.
Deben darse también, para honrar la memoria de un sandinista: el doctor Mariano Fiallos Oyanguren, quien dejó una estela de honestidad y transparencia al frente del Consejo Supremo Electoral en 1990, permitiendo el desarrollo de unas elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas, que desembocaron en el triunfo de la oposición encabezada por una dama, Violeta Barrios de Chamorro, un hecho inédito en nuestra historia.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.
