Algunos nicaragüenses lamentan que tengan que ser otros países y la justicia internacional, los que castiguen a quienes en Nicaragua cometen delitos contra la democracia electoral, la transparencia gubernamental y los derechos humanos.
Esas personas consideran que debería ser la justicia nicaragüense, la que se encargue de impartir esos castigos y hacer las debidas reparaciones.
Pero es imposible que mientras exista el actual Gobierno, en Nicaragua se pueda castigar a individuos como Roberto Rivas Reyes, acusado entre otras cosas de haber pervertido el sistema electoral precisamente en beneficio de Daniel Ortega. En países donde existen órganos judiciales del Estado pero no hay justicia, como es el caso de Nicaragua, los delitos contra la libertad, la democracia y los derechos humanos no pueden ser castigados.
Por otra parte, en nuestra época es normal que un Estado o grupo de Estados imponga sanciones a gobiernos que cometen esa clase de delitos. Así lo prevé el derecho internacional y es obligación de los Estados democráticos, sancionar a otro que viola los derechos civiles y humanos en grave perjuicio de sus ciudadanos.
Los Estados pueden, inclusive, dictar y aplicar sanciones de manera unilateral contra un gobierno y sus representantes más prominentes, que violan las normas imperativas del derecho internacional en materia de gobernanza y derechos humanos y civiles. Este es a todas luces el caso de la Ley Magnitsky, que le ha sido aplicada a Roberto Rivas y se la podrían aplicar también a otros altos funcionarios del régimen orteguista.
Se conoce que en el caso de la aplicación de la Ley Magnitsky de los EE.UU. a Roberto Rivas, los bancos de Nicaragua no pueden ser sancionados solo por tener cuentas de dicho personaje. Sin embargo, debido a sus conexiones con las instituciones financieras de los EE.UU. están obligados a acatar la Ley estadounidense.
Víctor Hugo —citado por el filósofo francés André Glucksmann en su libro Occidente contra Occidente—, dijo que los salvajes que cometen fechorías como las guerras son horribles, pero los civilizados que les dejan cometerlas (son) espantosos. Las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la libertad y la democracia también son horribles, como las guerras y muchas veces conducen a ellas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos “civilizados” las permiten con el pretexto de respetar la autodeterminación nacional.
La libre determinación nacional es el derecho de cada pueblo a escoger su propio sistema de gobierno, en el marco del respeto a las garantías y obligaciones del sistema jurídico internacional. La autodeterminación nacional no significa que los gobernantes pueden cometer tropelías contra los pueblos ni imponer dictaduras y cualquier otro tipo de régimen autoritario. Y tampoco, la autodeterminación nacional significa que los demás Estados permitan a esos gobernantes hacer lo que quieran contra los pueblos de sus propios países.
Precisamente para impedir o castigar esas fechorías están el derecho internacional y las sanciones colectivas, o unilaterales, como la Ley Magnitsky de los EE.UU.
