Una comisión interinstitucional compuesta por autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) junto con el Ejército de Nicaragua desalojaron la infraestructura en la que se desarrollaba actividad ganadera dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, y que fue denunciado por el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), desde julio pasado.
Sin embargo, la respuesta no fue inmediata, sino a los meses, que dicha comisión visitó la zona sin el acompañamiento del GTR-K, pese a la insistencia de este y la disponibilidad para hacer la supervisión en conjunto, expresó Aldric Beckford Dearing, fiscal de GTR-K, quien al ver la posición de las instituciones, visitaron, por su cuenta, la zona ganadera y constataron el desalojo.
Sin embargo, Beckford expresó que las autoridades aún no han respondido a la denuncia que ellos hicieron ante el Ministerio Público y el Marena contra el señor José Antonio Solís Durón, quien se adueñó de dos mil manzanas en la Reserva Indio Maíz y despaló otras cuatroscientas para actividades ganaderas.
“Ellos no han respondido a la denuncia porque no hemos visto ninguna acción por parte de las instituciones para poder sancionar, para poder finiquitar esta denuncia”, aseveró el comunitario.
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La gira que estos hicieron fue en noviembre y “cuando llegamos al área estaba abandonado, y no estaba la infraestructura; se vio donde se había desalojado”, sostuvo Beckford.
En el artículo 138 de la Ley 217, Ley General del Medioambiente y los Recursos Naturales, una vez se admite una denuncia, la autoridad competente debe notificar al denunciado en el término de 24 horas hábiles, y posterior a los tres días hábiles, las autoridades podrán inspeccionar el lugar y hacer una acta, la cual, solo se conoce de forma extraoficial, sostuvo el integrante de GTR-K.
Plan de manejo en “el tintero”
En mayo de este año se celebró que el Marena se comprometiera a implementar el convenio de manejo de la reserva del Sureste, que incluye Punta Gorda, Indio Maíz y Cerro Silva, en conjunto con el GTR-K. Uno de los puntos más importantes del documento era que se incorporaría a las cinco alcaldías colindantes con la reserva: San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua, Bluefields y Nueva Guinea.
No obstante, se acabó el año 2017 y no recibieron una respuesta por parte del Marena para firmar el documento final y pasar a la implementación de acciones concretas para la conservación de las áreas protegidas, las cuales están siendo cada vez más vulnerables no solo a la actividad ganadera, sino a la minería artesanal, como fue denunciado por Fundación del Río.