He estado expuesto, en las últimas tres semanas, a varias entrevistas de prensa, televisivas, escritas y radiales, en los poquísimos espacios de comunicación independientes que aún existen, con motivo de la presentación de la segunda edición del libro que escribí sobre Pedro Joaquín Chamorro, en ocasión de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de su asesinato.
Y tal como lo he escrito en varias ocasiones, no puedo ahora suscribir el optimismo con el cual presenté la primera edición hace veinte años, en 1998, pues entonces vivíamos una etapa de construcción democrática que se opone, radicalmente, a la deriva autoritaria que hemos tenido desde que Ortega regresó a la Presidencia de la República en 2007.
En casi todas las entrevistas me ha surgido la siguiente pregunta: ¿Por qué no se unifica la oposición, que luce tan dispersa y desvalida?
He tenido que explicar que Ortega realiza elecciones sin que la oposición pueda participar, y que sin ninguna duda la oposición se unificaría como ocurrió en torno a la candidatura de Fabio Gadea Mantilla en las elecciones presidenciales de 2011.
Ese año, el desafío electoral a Ortega fue de tal magnitud que el orteguismo se vio obligado a tales extremos de violencia el propio día de las elecciones, que la misión de observación de la Unión Europea señaló que los resultados de la misma eran imposibles de establecer. Y el jefe de la misión de la OEA, el excanciller argentino Dante Caputo, compareció el propio día de las elecciones diciendo que le habían tapado el radar para saber lo que estaba ocurriendo.
Todos esos hechos, aunque son conocidos, hay que recordarlos por la recurrencia de la pregunta sobre la debilidad de la oposición.
Obviamente, sin poder participar en elecciones, y no existiendo la opción de la lucha armada, la oposición inevitablemente luce débil y dispersa. Ya lo hemos comentado: sin ejercicios electorales, los partidos políticos son como peces a los que se les quita el agua.
En las elecciones presidenciales de 2016, también es bueno recordarlo, Ortega canceló todas las personerías jurídicas en las cuales la oposición se podría haber aglutinado, pues temía la repetición del desafío que le planteamos en 2011. Esta decisión agudizó el perfil autoritario del régimen y estimuló la decisión de la Nica Act que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en septiembre de ese año.
La reacción de Ortega ante la Nica Act fue iniciar el llamado diálogo constructivo con la Secretaría General de la OEA. El informe que presentó la Secretaría con motivo de las recientes elecciones municipales, llama a una refacción global del sistema electoral. Mal haría Ortega en tomar el diálogo con la OEA a la ligera.
La semana pasada estuve en República Dominicana en una conferencia internacional conmemorativa de la ola democratizadora de América Latina, que se inició en 1978 con las primeras elecciones verdaderamente democráticas en ese país caribeño. Esa ola democrática progresivamente se extendió a numerosos países pues la región estaba plagada de regímenes militares. Las excepciones eran muy pocas, entre ellas Venezuela. Ahora es al revés, y si bien Venezuela es el caso más visible de la excepción, también se contabiliza entre las excepciones a Nicaragua.
En la conferencia tuve oportunidad de conversar con numerosos políticos y analistas de varios países de la región, y todos coincidían en la impotencia de la comunidad internacional ante la crisis de Venezuela, que incluye una catástrofe humanitaria.
Nuestro caso no tiene, ni mucho menos, los ribetes de la crisis venezolana, pero seguramente la comunidad internacional no deseará verse en el futuro con la misma impotencia que en Venezuela.
La debilidad de la oposición no es la única consecuencia del afán autoritario de Ortega. Es, a lo inmediato, la consecuencia más visible, pero a mediano y largo plazo tendremos otras consecuencias indeseables que ya se insinúan con la sanción al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El autor es economista. Excandidato a la vicepresidencia de Nicaragua.