La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en sus sentencias sobre los conflictos limítrofes de Nicaragua con Costa Rica “repartió las aguas en el Pacífico, redujo el monto que Nicaragua debe pagar por los daños de Edén Pastora en los humedales costarricenses, otorgó a San José aproximadamente el 25 por ciento de lo que pretendía en el (mar) Caribe y reconoció su soberanía sobre una barra de arena donde está instalada una base militar nicaragüense”.
Independientemente de las valoraciones triunfalistas de los gobiernos de ambos países, la verdad es que la Corte de La Haya dictó las sentencias de acuerdo con su tradición de equilibrio, reconociendo a cada una de las partes aspectos importantes de sus demandas.
En lo que se refiere a la disputa por el territorio marítimo en el mar Pacífico, la Corte favoreció a Costa Rica reconociéndole la posesión de 93 mil kilómetros cuadrados, mientras que a Nicaragua le asignó 71,500. En cambio, en el litigio en el mar Caribe le concedió a Nicaragua alrededor de un 75 por ciento de las aguas disputadas, y solo una cuarta parte a Costa Rica.
Sin embargo la Corte desfavoreció a Nicaragua al determinar que la frontera con Costa Rica no comienza en Punta Castilla, como había sido establecido por laudos arbitrales en la historia del conflicto fronterizo entre ambos países. Con una votación de 14 contra 2, los jueces de La Haya sentenciaron que toda la costa norte de Isla Calero “es soberanía de Costa Rica” y por unanimidad ordenaron al Gobierno de Nicaragua retirar la base militar que tiene instalada en ese territorio.
En el caso de la disputa sobre el monto de la indemnización que Nicaragua debe pagar a Costa Rica por los daños a su territorio causados por los dragados de Edén Pastora, se puede decir que la Corte de La Haya fue generosa con la parte nicaragüense. Costa Rica demandaba el pago de 6.7 millones de dólares, pero la sentencia ordenó pagar solo 378,890 dólares.
Como es bien sabido, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de obligatorio cumplimiento para los Estados que se someten a su jurisdicción. De manera que lo resuelto sobre los límites fronterizos de Nicaragua con Costa Rica es cosa juzgada y no hay nada más que hacer.
Sin embargo, a los nicaragüenses les queda encima la onerosa carga de pagar los 378,890 dólares para indemnizar a Costa Rica, por los daños causados por los dragados de Edén Pastora en su territorio.
En realidad debería ser el mismo Pastora, quien pague de su fortuna personal esa indemnización. El artículo 131 de la Constitución de Nicaragua establece que los funcionarios y empleados públicos son responsables de los perjuicios que causen por abuso en el desempeño de sus cargos. De modo que si se respetara la Constitución, el señor Pastora tendría que ser obligado a pagar.