El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, aseguró que en Nicaragua “se debe realizar una revisión de la cadena de distribución de los combustibles y sus derivados”, debido a que cuando estos sufren alzas también se elevan los precios de los bienes de consumo de la población.
González dijo que las ganancias en el negocio petrolero “se están quedando en manos de unos pocos y está causando un efecto negativo en la capacidad de compra de los ciudadanos”, dado al afecto en cascada que se ocasiona en otras cadenas de producción.
El sindicalista explicó que esa revisión debe ser extendida al Impuesto Selectivo del Consumo (ISC), que forma parte de la carga impositiva de los combustibles.
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Investigaciones de LA PRENSA han revelado que gran parte del negocio petrolero está ligado a empresas con vínculos a la familia presidencial, entre estas la Alba de Nicaragua Sociedad Anónima (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que dominan una buena parte de las importaciones de combustibles.
Albanisa es una sociedad financiera que controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas ligadas a la familia presidencial, según han denunciado representantes de distintos sectores de la sociedad organizada.
En tanto, DNP fue adquirida con fondos de Alba Caruna en el 2009, luego que a la empresa suiza Glencore se le venciera el contrato de arrendamiento que tenía con el Gobierno de Nicaragua.
Protección del salario
Por otra parte, González explicó ayer que para proteger el salario real de los trabajadores desde la CST también proponen “una reducción del IVA (Impuesto al Valor Agregado) hasta en un 10 por ciento”.
El líder sindical mencionó que a nivel de “América Central el IVA anda alrededor del 10 y 11 por ciento, mientras que en Nicaragua es el 15 por ciento”.
Sobre la energía, González dijo que “respaldan las medidas de gradualidad para los sectores que consumen arriba de los 150 kilovatios y que se mantenga el subsidio para los que consumen menos”.
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Según el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), hasta noviembre de 2017 eran 830,083 consumidores los que recibían el subsidio energético.
El costo total del subsidio fue de 65.84 millones de dólares.El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, propuso reformar las leyes que otorgaban subsidios a una gran mayoría de consumidores residenciales.