Este jueves el municipio de San Juan de Oriente, Masaya, amaneció con nueva alcaldesa. Se trata de la sandinista Manuela Pavón —quien era la secretaria municipal—, en sustitución de la exalcaldesa sandinista Brenda Jiménez, quien renunció “por motivos de salud”, según una carta que no fue pública.
Jiménez es la segunda autoridad municipal que es descabezada en el país por el gobierno orteguista.
El primero fue Orlando Blandón, del municipio de Muy Muy, departamento de Matagalpa, bajo el mismo argumento de que renunciaba por “enfermedad”.
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El hecho que no asumiera el vicealcalde Francisco Calero, y en su lugar la secretaria del concejo, para el contralor Agustín Jarquín Anaya, esto tiene vicios de nulidad, además de contravenir la Ley Municipal y Electoral, lo cual implica que la voluntad de los electores no es respetada.
“También afecta los intereses de los mismos protagonistas, en este caso, el vicealcalde (Calero), quien por supuesto se queda callado por sometimiento al partido (FSLN), el cual se impone sobre el pueblo soberano. Esto afecta la gobernabilidad y se traduce en una gestión menos efectiva. En el caso de la nueva alcaldesa de San Juan de Oriente y los nuevos poderes otorgado al vicepresidente del poder electoral (Lumberto Campbell), esto se traduce a un manejo totalmente discrecional y centralizado de las leyes”, explicó Jarquín.
“Nos convocaron a una sesión extraordinaria para reorganizar el Concejo Municipal. El vicealcalde leyó una carta en donde Brenda renuncia a su cargo por problemas de salud. Inmediatamente se procedió a elegir a la nueva alcaldesa, en este caso fue la señora Manuela Pavón (quien fungía como secretaria municipal), Francisco Calero quedó igual como vicealcalde y como nueva secretaria quedó una señora que se llama Ivania Morales”, confirmó María Reyes Gutiérrez Pérez, concejal del opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) en San Juan de Oriente.
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De igual forma, la concejal Gutiérrez consideró que esta información debe de ser publicada oficialmente y no solo informada al Concejo Municipal, “aunque sea a través de un perifoneo, explicando al pueblo sobre el cambio de autoridades. Creo que cuando las autoridades se someten a un partido es como una imposición, sin embargo, debemos de estar sometidos a la ley”, expuso Gutiérrez.
“El Concejo Municipal y Consejo Electoral deben publicar esa renuncia, porque es una obligación que está establecida en la misma Ley 40 y la Ley de Acceso de Información Pública. Es violatorio totalmente que cualquier partido se involucre en la gestión pública, es más, la presencia de sus símbolos, banderas, etcétera, violan la Constitución y la Ley de Servicio Civil de Carrera Administrativa. Y si se hizo una auditoría, el resultado debe ser del conocimiento público”, expuso Jarquín.
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Asimismo analizó que la “destitución” de Jiménez reitera la violación de la Ley Electoral, Municipal y la misma Constitución Política de Nicaragua de parte del régimen del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, “independientemente de los méritos que se alegue, se está violando el debido proceso, así como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.