¿Alguien, hace 20 años, a inicios de 1998, cuando recién se iniciaba el proceso electoral en Venezuela que condujo, a finales de ese año, al triunfo de Chávez, se hubiese imaginado que en 2018 ese país, con las mayores reservas de petróleo del mundo, enfrentaría una pavorosa crisis humanitaria, que la gente perdería peso y se moriría de hambre, y tendría más refugiados que incluso Siria después de media década de atroz guerra civil?
¿Alguien, a inicios de 1970, con el crecimiento económico y estabilidad que vivía Nicaragua, se hubiese imaginado que 20 años después habríamos retrocedido a niveles económicos de casi medio siglo antes?
No, seguramente no.
Y así podemos hacer uno y otro, y otro ejercicio de historia, para demostrar que en la historia de los países, de las sociedades y de la gente, ningún futuro es imposible.
Comento lo anterior porque la inmensa mayoría de la población nicaragüense no tiene memoria de la insurrección, revolución, guerra civil de los años 70-80, y le ha tocado vivir en el período de paz y prosperidad económica que se inició en 1990. Dos de cada tres nicaragüenses nacieron después de 1990.
La casi totalidad de la población nicaragüense, no tiene conciencia de los horrores de nuestro inmediato pasado. Y en esa ausencia de memoria histórica, ese pasado se nos puede repetir en el futuro. Y lamentablemente ya se nos está repitiendo.
De la revolución y guerra civil de los 70-80 salimos destruidos económicamente, pero con grandes progresos institucionales, entre ellos la institucionalidad y profesionalismo de nuestras fuerzas armadas y de policía.
Por primera vez, en toda nuestra historia, empezamos a tener fuerzas armadas y de policía que no eran monopolio privado de un caudillo o un partido político, sino de la ley. Esto lo estamos perdiendo poco a poco, y nos damos cuenta que esa pérdida progresiva de institucionalidad, profesionalismo y apego a la ley no se percibe como amenaza vital en las propias fuerzas armadas y de policía, y muchos de sus integrantes tampoco tienen memoria de los horrores de nuestro inmediato pasado. Tampoco la Guardia Nacional de Somoza a inicios de los 70 percibía una amenaza vital y terminó como terminó.
Ningún futuro, si se siembran las causas, es imposible.
Comento lo anterior, por la atrocidad del caso del reo común Juan Rafael Lanzas, amputado de sus dos piernas por negligencia médica, estando en manos de la Policía. Y el de la campesina Elea Valle, con sus dos hijos adolescentes asesinados. Y la Policía y el Ejército no han respondido al clamor de sus familiares, y de cada vez más ciudadanos. Y no son los únicos casos, como se denunció recientemente por un grupo de ciudadanos ante el Ministerio Público.
En varias ocasiones he escrito y clamado que ante el creciente autoritarismo de Ortega, evitemos una transición catastrófica como las que se dieron con Zelaya y Somoza, después de largos períodos de estabilidad y prosperidad económica.
Ortega ha destruido el incipiente Estado de Derecho y el sistema electoral, y pretende avanzar en convertir a las fuerzas armadas y de policía en guardia pretoriana. Si eso ocurre, y ojalá que no, nada impedirá que nuestro pasado se convierta en inevitable futuro.
El autor es economista.