Cicig y Fiscalía piden desaforar a dos magistrados por corrupción y tráfico de influencias en Guatemala

La Fiscalía y la Cicig, que investiga un caso de corrupción judicial, realizaron este martes dos allanamientos

27/02/2018

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. LA PRENSA/EFE

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía pidieron retirar el fuero a dos magistrados por presuntamente formar parte de una red de corrupción y tráfico de influencias.

Las dos solicitudes de antejuicio presentadas este martes son en contra del magistrado presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Marwin Eduardo Herrera Solares, y del magistrado presidente de la Sala Segunda del Ramo de Familia, Carlos Rodimiro Lucero Paz.

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Ambos están señalados del delito de cohecho pasivo y según las primeras investigaciones recibieron “beneficios” del empresario y abogado ya detenido en este caso, Sergio Roberto López Villatoro —más conocido como “El Rey del Tenis”—, mientras actuaban como comisionados en el pasado proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Allanamientos

La Fiscalía y la Cicig, que investiga un caso de corrupción judicial, realizaron este martes dos allanamientos en los inmuebles donde residen López Villatoro y el magistrado presidente de la Sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Eddy Giovanni Orellana Donis, ambos capturados el 23 de febrero.

El objetivo de estas diligencias, según dijeron ambos entes en un comunicado, es “recabar información dentro de la investigación por corrupción judicial que realizan en conjunto”.

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El magistrado Orellana, que perdió su inmunidad en junio de 2017, recibió un apartamento como regalo del “rey del tenis”, un abogado que fue señalado en varias ocasiones de influir en las elecciones de jueces y magistrados del sistema de Justicia.

Orellana participó en 2014 en la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ese año se fue a vivir con su esposa al “amplio y lujoso” apartamento de 369,88 metros cuadrados, ubicado en una de las zonas más cotizadas de la capital, donde también poseen dos plazas de aparcamiento.

La investigación, anunciada el año pasado, también incluía que el magistrado había recibió 2 millones de quetzales (265,600 dólares) de los que se desconoce hasta el momento su procedencia.

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En ese momento, la Comisión ya anunciaba que existían indicios razonables que evidencian cómo los bienes inmuebles referidos fueron entregados como dádiva o beneficio patrimonial al magistrado a cambio de promover los intereses del abogado López Villatoro en el proceso de las Comisiones de Postulación del año 2014 y favorecer la elección de ciertas personas allegadas a él.

Papel clave

Ello, debido a que Orellana “desempeñaba un papel clave” en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por ser uno de los integrantes de la Comisión de Postulación encargada de evaluar los perfiles y seleccionar los candidatos para ostentar la magistratura del país para el periodo 2014-2019.

En cuanto al “rey del Tenis”, la Comisión aseguraba que era de “conocimiento público que presume de defender sus intereses al influir en el sistema de justicia”.

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La Cicig concluía que “existen indicios racionales que evidencian relaciones de confianza, compañerismo y afinidad del abogado López Villatoro” con dos magistradas que contrataron servicios notariales de abogadas próximas a él.

Aunque las autoridades no lo relacionaron, el pasado sábado anunciaron que buscaban capturar a tres personas: Claudia Patricia Abril Hernández —abogada que aparece mencionada en la investigación—; Clara Guadalupe López Villatoro —supuesta hermana del empresario—; y Marlon Rosales —que aparece como representante legal de una empresa implicada en la compra del apartamento—.

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