Darwin Ismael Mendiola está conectado a una máquina de respiración artificial. Su condición de salud fue resumida a sus familiares por médicos del hospital Óscar Danilo Rosales, de León así: está un 95 por ciento muerto y cinco por ciento vivo.
“El está dependiendo de unos tubos para poder respirar por el balazo que la Policía le pegó (…) y justamente después que lo pegó, lo golpearon, porque por la paliza que le dieron, es lo que a él lo puso grave, nos dijo el del hospital que él estaba 95 por ciento muerto y cinco por ciento de vida”, sostuvo la esposa de Mendiola, Débora Nohemí Álvarez.
Aún así, dicen sus familiares que la Policía no les permite que puedan atenderle. Y después de 17 días de haber sido detenido Mendiola junto a otras ocho personas más a causa de una balacera en León, el 11 de febrero, la Policía ni les remite a las autoridades competentes no les da ninguna explicación.
De los nueve detenidos, uno ha sido liberado y está golpeado. Y la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, supuestamente mandó a la familia que entreguen al principal sospechoso identificado como Reynaldo Zavala, para que puedan salir libres.
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María Lourdes Centeno Mendiola, madre de Darwin, asegura que ella le dijo a Granera que si bien es cierto ella crió al sospechoso, este desde adolescente dejó la casa.
Álvarez y Raquel Mendiola, esposa y hermana del detenido grave respectivamente, relataron que la Policía les ha insistido en que con ayuda de la comunidad vayan a buscar al sospechoso. “Y que cuando lo tuviéramos se lo entregáramos y ellos nos entregaban a los familiares (detenidos), mientras no”, sostuvo Álvarez, tras demandar a la Policía “yo le pido que haga su trabajo, pero que no inculpe a gente inocente”.
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En el caso de Darwin, “ya baleado lo comenzaron a torturar”, aseguró Álvarez, desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) adonde recurrieron ayer.
“Nada justifica el abuso policial”, expresó Juan Carlos Arce, abogado Cenidh, quien recordó que la Policía debe someterse a las normas y reglas establecidas por la Constitución Políticas y tratados internacionales que establece el respeto de las garantías a los procesados. Arce calificó como “una actuación arbitraria y abusiva”, de parte de la Policía.
“No nos dicen nada, más bien que si seguimos investigando algo, (dicen) presas van a quedar ustedes (…) les vamos a ir a poner droga y aquí las vamos a venir a dejar también”, dijo Débora Nohemí Álvarez.