La democracia entendida como sistema político y social es la forma orgánica, estructural y funcional, mediante la cual se expresa, o debe hacerlo, la voluntad general.
Esa expresión de la voluntad general, mediante la representación y la participación, legitima la organización y práctica del ejercicio del poder, justifica legal, social y moralmente la existencia del Estado, y estructura a la sociedad haciéndola devenir fuente jurídica y política de la autoridad, causa y cauce del poder.
La ciudadanía se constituye a sí misma y constituye al Estado que es la sociedad jurídica, institucional y políticamente organizada. Por ello no debe nunca perderse de vista, que la sociedad es la causa del Estado y del sistema legal e institucional; que el ejercicio del poder se justifica en la ley y sobre todo en la voluntad general de la que proviene, y en los valores y principios conforme a los cuales debe configurarse el sistema legal y el ejercicio del poder.
Cuando se produce la ruptura entre la sociedad y el Estado, entre la ciudadanía y el poder, se pierde la legalidad y legitimidad de su ejercicio el que deviene un accionar de facto y, en consecuencia, se destruye la democracia. Esto no quiere decir que no debe haber contradicciones y discrepancias entre el Estado y la sociedad; por el contrario, la existencia de ideas diferentes que en un momento dado se manifiestan, es una forma de practicar la democracia.
Lo que quiere decir, es que el poder político no puede ni debe asumir que está legitimado por sí y ante sí, y que puede actuar pasando por encima de la voluntad colectiva y desconocer la existencia de la sociedad y la ciudadanía. Cuando así actúa, su acción pierde legalidad y legitimidad, pues el poder es lo que la ley dice que es, y la ley, a su vez, es la expresión formal de la voluntad general, y esta, la expresión jurídica y normativa de los valores y principios que deben conformarla.
En Nicaragua se ha producido esa ruptura y ella es una de las causas de la crisis política, jurídica e institucional que enfrenta el país. El poder actúa, con no poca frecuencia, de acuerdo a su voluntad, pasando por alto la existencia de la ley y desconociendo la voluntad general y la ciudadanía social cuando lo considera conveniente a sus intereses. Es por tanto imprescindible, restablecer la relación entre la sociedad y el Estado, entre la causa y el efecto de la organización política, y reconocer y respetar la presencia y acción de la ciudadanía, como condición necesaria de la estabilidad política y la democracia.
La ruptura entre el Estado y la sociedad civil, entre el poder y la ciudadanía, es una de las más negativas y perjudiciales, pues se trata de dos entidades que necesariamente deben coexistir integradas. El Estado es la forma más orgánica y compleja de expresión de la sociedad. La sociedad, por su lado, es la naturaleza del Estado, el origen y justificación del poder y la soberanía.
La sociedad es la condición del Estado, pues además de que le antecede, determina su naturaleza y su propia identidad, y se expresa fundamentalmente a través del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a la ciudadanía.
Pese a lo anterior, y al hecho mismo de que se considera la creación de la sociedad y la ciudadanía como el primer momento del contrato social, hay quienes piensan que sin el Estado no hay sociedad posible, pues la existencia de esta depende del conjunto de normas e instituciones que posibilitan su existencia y desarrollo.
En todo caso, su necesaria reciprocidad y complementación, significa que ambos tienen que estar correlacionados para que cada uno de ellos pueda existir en su individualidad.
La dependencia del Estado de la sociedad, y en consecuencia de la voluntad general, es condición de su justificación histórica y política, de no ser así, como ya lo hemos expresado en otras ocasiones, la ley sería una arbitrariedad, las instituciones un abuso, y el poder un exceso.
La ruptura conduce inevitablemente a una crisis política y de la política como tal, la que se produce cuando esa tarea humana, esa condición natural de toda sociedad, es impedida por el poder o cualquier otra circunstancia.
Hay que tener presente que, en el mejor sentido de la palabra, la sociedad es en esencia política, y la política es en esencia social. De ahí que suponer que una comunidad humana, cualquier que esta sea, puede prescindir de la política, o suponer que la política pueda darse al margen de la voluntad social y del ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, significa incurrir en una contradicción en los términos, pues la política no es otra cosa que la expresión de esa voluntad colectiva en la prefiguración de los objetivos comunes y de los procedimientos y mecanismos para alcanzarlos.
En lo esencial la idea de la política consiste en un movimiento de doble vía: la voluntad social, fuente de la soberanía, que da origen y legitimidad al poder; y el poder así constituido que debe, aunque con frecuencia no la haga, respetar esa voluntad social expresada a través del ejercicio de la ciudadanía.
Así vista, la política es la encargada de responder y realizar las aspiraciones de la comunidad, la más alta expresión de la voluntad colectiva, y la posibilidad concreta de su realización.
Desde esta perspectiva puede decirse que la crisis política que padece nuestro país, es una crisis de fondo, pues el desplazamiento de la voluntad social y la imposición de la voluntad autoritaria del poder, significa no solo la derogación de la democracia como sistema, sino y sobre todo, la exclusión de la persona como sujeto insustituible de toda acción política, y la eliminación de los derechos ciudadanos y la voluntad colectiva de la sociedad, como condición primaria de todo ejercicio democrático.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.