CIDH otorga medidas de protección a Elea Valle

La CIDH dio 15 días al Estado de Nicaragua para que informe qué medidas ha adoptado y por tanto enviarán una comunicación para acordar las medidas con las que Elea Valle se sienta segura.

Elea Valle, madre de dos niños que murieron en la masacre de La Cruz de Río Grande, cometida por el Ejército de Nicaragua. LA PRENSA/ ARCHIVO

Elea Valle, madre de dos niños que murieron en la masacre de La Cruz de Río Grande, cometida por el Ejército de Nicaragua. En esta imagen de archivo, en una de las ocasiones en la que fue a reclamar a la Policía Nacional información sobre los cuerpos de sus hijos. LA PRENSA/ ARCHIVO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Elea Valle, madre de dos de las seis víctimas de la masacre del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo XXII, en la Cruz de Río Grande, jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

En su resolución la CIDH consideró que Valle está “en una situación de grave riesgo”.

La CIDH también estableció un plazo de 15 días a partir del 24 de febrero, cuando emitió la resolución, para que el Estado de Nicaragua informe sobre las medidas de protección acordadas con Valle.

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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que las medidas cautelares representan una aceptación de parte de la Comisión de que Valle no está protegida y, por tanto, bajo riesgos al reclamar justicia por la muerte de sus hijos.

Núñez recordó que Valle ha sido convertida en una desplazada, pues no tiene seguridad de habitar en un solo lugar por temor a represalias del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional por haber denunciado las muertes, exigir justicia y por reclamar los cuerpos de sus hijos.

A casi cuatro meses del operativo militar realizado por tropas del Ejército en noviembre de 2017, Valle sigue reclamando los cuerpos de sus hijos Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, enterrados en una fosa común luego de sus muertes.

Igualmente Valle reiteró su demanda de justicia al Estado de Nicaragua.

La abogada del Cenidh, Wendy Flores, explicó que las medidas cautelares implementadas por la CIDH sirven para garantizar derechos a la vida de Valle y su familia.

Recordó que Valle ha estado demandando la exhumación, estuvo siendo hostigada previo a la muerte de sus familiares “y que el hecho de estar continuamente demandando justicia es lo que hace que ella se mantenga en una situación de riesgo”.

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Flores señaló también que el gobierno de Daniel Ortega le mintió a la CIDH “diciendo que le ha brindado protección a Elea Valle y a sus hijos en los diferentes lugares donde ella se ha movilizado (…), lo cual no es cierto”.

Valle, por su parte, cuestionó que hayan circulado por redes sociales y algunos medios de comunicación, afines al Gobierno, supuestas fotografías de sus hijos portando armas y uniformes militares.

Caso emblemático

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, dijo que el caso denunciado por Elea Valle “es emblemático”, por cuanto “representa una realidad que se está viviendo en el resto del país”.

Núñez también se refirió a las fotografías de los hijos de Valle (en las cuales aparecen supuestamente armados) y aunque dijo que solo ella como madre puede hacer esas afirmaciones (decir que no son hijos), no obstante, señaló: “Ya conocemos los subterfugios y todas las mañas de las que se valen las personas que quieren hacer imputaciones o desviar la atención sobre lo que están tratando de establecer”.

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