De forma separada dos grupos de ciudadanos denunciaron en la Fiscalía al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas y al presidente designado del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, por malversación de fondos públicos, entre otros delitos.
La denuncia dirigida a la fiscal Ana Julia Guido ambos grupos entre ellas cinco integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), le expresan que de acuerdo a investigaciones periodísticas en diferentes medios de comunicación nacional a Rivas le pueden atribuir delitos como fraude, lavado de dinero bienes o activos en perjuicio de la administración pública.
En la denuncia ciudadana las firmantes le dicen a Guido que existen “suficientes evidencias para que la dependencia a su cargo inicie el procedimiento correspondiente”.
“Hay un desfalco a toda la fe pública, a todos los ciudadanos en una cosa que es mucho mayor que el dinero que se ha robado que es el derecho a elegir”, el silencio de Ortega es una estrategia de fingir demencia, es lo mismo que hacer Rosario Murillo son monólogos desde arriba, desde el poder y, se hacen los locos con todo, pero no le vamos a permitir que se hagan los locos, por eso estamos aquí para que en el expediente el día que haya justicia en Nicaragua allí van a estar todas esas denuncias que hemos venido a poner los ciudadanos”, afirmó la periodista y dirigente del MAM, Sofía Montenegro.
Parte de las denuncias efectuadas contra Rivas están basadas en investigaciones de LA PRENSA que demostró por ejemplo, que el funcionario actualmente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la Ley Magnitsky, que ocho meses después que Daniel Ortega regresó al poder en 2007 la hija de Rivas Stephanie Rivas Delgado en su calidad de presidente de la Corporación Ace AEI INC adquirió un Jet Matrícula N347GA y entre 2007 y 2009 el funcionario involucró a miembros de su familia, vía Sociedades Anónimas y adquirióotros dos jets privados en los que invirtió 2.3 millones de dólares sin contar los gastos que suponen los aviones.
Igualmente menciona que según registros oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Rivas realizó durante el 2017, once viajes a Costa Rica,catorce en 2016 y quince en 2015.
El último viaje lo realizó dos semanas antes de que fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky, por Corrupción y Violación de Derechos Humanos.
También mencionan investigaciones realizadas por LA PRENSA en el año 2009, las que revelaron que Ileana Delgado Lacayo e Indira Rivas Delgado, esposa e hija de Rivas Reyes introdujeron al país en el 2009 al menos nueve vehículos a los que la Dirección de Aduanas rebajó impuestos. Tres vehículos comprados por la pareja del magistrado tenían un precio comercial en ese entonces de 3.5 millones de córdobas mientras otros tres automóviles que ingresó su hija costaban 1.6 millones de córdobas, dice la denuncia.
A su vez, mencionan una investigación publicada en 2009 por el Diario de Costa Rica, La Nación, donde Rivas Reyes constituyó con apenas dos dólares la sociedad Chibilú con fines de comercio, agricultura, transporte, industria, exportación, importación y otros, en la que según los datos registrales, siendo la tesorera su hija Josephine y secretaria su esposa Ileana Delgado Lacayo.
En la investigación periodística se revela que esa sociedad es propietaria del complejo habitacional compuesto de cuatro residencias en la exclusiva y lujosa comonidad Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, Costa Rica valorada en tres millones de dólares, la que también revela que entre 2007 y 2009 Maurice y Laureano Ortega Murillo, hijos de Daniel Ortega Saavedra, estudiaron en Costa Rica.
“La Policía de Control Fiscal de Costa Rica aseguraba que dos hijos de Daniel Ortega usaban el vehículo porsche 911, vehículo propiedad de la embajada nicaragüense en San José, comprado sin impuestos y dotado de placas diplomáticas gracias al embajador Harold Rivas, hermano del magistrado. Es decir, aunque Laureano y Maurice no tuvieran nada que ver con la delegación diplomática, usaban un automóvil de lujo a gusto y placer y dormían al mejor estilo de jeques árabes”, dicen los denunciantes.
Cirilo Otero, uno de los denunciantes dijo que esperan que “se registre en la historia institucional de Nicaragua, una demanda ciudadana para que haya una investigación profunda alrededor del proceso de enriquecimiento exagerado de Roberto Rivas Reyes y que haya orden en el país”.
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“Nosotros con esto estamos demandando que no es posible que un presidente del Consejo Supremo Electoral que es un poder del Estado esté siendo señalado por la Ley Magnitsky, y no se diga nada en el país”, indicó Otero.
Sofía Montengro también destacó la importancia que los ciudadanos se manifiesten “repudiando y demandando” una investigación.
“Creo que no hay una institución tan desprestigiada, a pesar de que casi todas están desprestigiadas que el Consejo Supremo Electoral, vamos por una serie de elecciones fraudulentas, pero encima que nos han robado los votos hay un enorme robo al erario, porque no es posible que todas estas propiedades, todos estos escándalos que rodean a Roberto Rivas, sus subordinados, sus cómplices y su familia puedan quedar en plena impunidad sin ningún tipo de investigación”, dijo Montenegro.
Andrea Margarita del Carmen, expresó que su denuncia fue como un derecho ciudadano de demandar una investigación, pues de lo contrario seguirán diciendo “que vivimos en un país bonito. Tenemos que salir de las redes sociales a las calles, allí es la unidad que se debe dar de todos en las calles”.