A juicio del exdiplomático José Luis Velásquez y el ex vicecanciller José Pallais Arana, el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no tiene voluntad política para promover una verdadera reforma electoral en Nicaragua.
“Una reforma electoral es una propuesta de cambio en las legislación para garantizar a la población su participación en los procesos electorales y a la vez equilibrar el ejercicio de hacer oposición”, explicó Velásquez, doctor en Ciencias Políticas.
En las últimas semanas, miembros de la sociedad civil han pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que transparente las conversaciones con el gobierno de Ortega, en las cuales se trabajará una supuesta reforma electoral.
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Cambio en Ley e impunidad
Velásquez cuestionó que la reforma a la Ley Electoral que los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con sus aliados en la Asamblea Nacional hicieron el pasado 7 de febrero fue para garantizar inmunidad y permanencia en el cargo al magistrado Roberto Rivas, acusado de múltiples fraudes electorales y corrupción. La reforma a la Ley se dio para quitarle funciones a Rivas y entregarlas al magistrado sandinista Lumberto Campbell, cercano a Ortega.
El magistrado Rivas fue sancionado por Estados Unidos en diciembre pasado. El Sistema Electoral en el país ha sido cuestionado desde hace años por su parcialidad a favor del FSLN. “Lo que hicieron fue garantizarle a un paria internacional inmunidad”, aseguró Velásquez al hablar del cambio en la Ley Electoral.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) y Ciudadanos por la Libertad (CXL) han hecho propuestas de reformas por separado. José Pallais, uno de los miembros del FAD, explicó que se hace necesaria la presión nacional e internacional a Ortega.
Falta transparencia
El Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron en enero de 2017 un plazo de tres años para fortalecer la democracia y se enfocaron en el tema electoral.
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A más de un año de esos acuerdos suscritos, los sectores opositores y de la sociedad civil cuestionan la falta de transparencia en el supuesto proceso de cambiar el Sistema Electoral.