Para mujeres organizadas la posición de la Corte Suprema de Justicia al proponer que se sancione el “ciber acoso” porque “lacera la dignidad de las mujeres”, es un argumento “hipócrita” que pone en riesgo la seguridad de las mujeres, porque incrementaría la impunidad a favor de los agresores.
Además, expresaron que si realmente hubiera deseo de proteger los derechos de las mujeres estarían trabajando en medidas para frenar la ola de femicidios que hasta la fecha son 13 y no tratar de poner un bozal a la ciudadanía.
“Muchas mujeres han denunciado su calvario de violencia, acoso, violación, y abuso sexual a través de las redes sociales. Si pretenden regular y sancionar lo que se dice en las redes estarían poniendo en riesgos a estas víctimas y aumentaría la impunidad”, dijo Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Solís agregó que las redes sociales han servido también para ubicar a femicidas para que sean capturados y juzgados.
“Si realmente les interesara defender los derechos de las mujeres no hubieran reformado la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer. Hubieran resuelto los recursos por inconstitucionalidad que se metieron contra el reglamento que termina de matar la ley, pero son hipócritas, todos sabemos qué motivó a Ramos promover la sanción contra el ciber acoso, pero antes no le molestó”, dijo Solís.
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Solís recordó que desde hace unos 10 años, los medios oficialistas se han dedicado a ultrajar la dignidad de las mujeres contrarias al régimen, con términos peyorativos, han criticado hasta el cansancio el trabajo de las organizaciones de mujeres y nadie dijo nada.
Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, lamentó que nuevamente se utilice la situación vulnerable de las mujeres para promover una nueva ley tomando como bandera la supuesta defensa de los derechos de las mujeres, pero al final lo quieren es proteger intereses personales.
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“La magistrada Ramos debería de estar proclamando desde su posición la apertura de las Comisarías de la mujer, la creación de albergues, por ejemplo, si quisiera verdaderamente apoyar la lucha de las mujeres”, dijo Palacios.
“Bozal, un error político”
Para Magaly Quintana, del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, la inquietud del Gobierno y el poder judicial por controlar y sancionar las redes sociales surgió por “las publicaciones en una página en facebook donde sistemáticamente denuncian con prueba todos los abusos y corrupción de los funcionarios públicos y magistrados de la Corte, por eso no les gusta.
Esta medida sería un error político muy grande de este Gobierno porque seguiría demostrando su total autoritarismo además creo que los movimientos sociales no vamos a permitir fácilmente este nuevo abuso de poder”, dijo Quintana.
CSJ en 2012 promovió
En el 2011 la Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto de Ley de la Ley 779, después que en el 2010 el Movimiento María Elena Cuadra había presentado otro proyecto de ley referente a lo mismo. La Asamblea Nacional hizo una fusión de ambos proyectos y en el 2012 entró en vigencia.
En agosto del 2013, la misma CSJ presentó una iniciativa de reforma a la misma normativa, permitiendo la mediación entre víctima y agresor en delitos menos graves, cuando la eliminación de esta posibilidad había sido un logro para la lucha de las mujeres.
Luego en el 2015 con el reglamento a dicha ley se perdió la fuerza que tenía dicha ley al reducir el femicidio a relaciones de pareja.