Nunca ha existido una dictadura, o una tiranía, que no haya utilizado la censura en cualquiera de sus modalidades como instrumento de poder. Y por lo general, quienes imponen la censura no reconocen que es para impedir la difusión de ideas y escritos que cuestionen su poder, sino que alegan que es para proteger la salud moral de las familias y las personas.
La “familia” nicaragüense, que según dice la vocera del régimen orteguista quieren proteger controlando las redes sociales, es en realidad el poder familiar autoritario y corrupto implantado en Nicaragua desde principios de 2007. Hay que recordar que desde que volvió al poder, en enero de 2007, Daniel Ortega anunció por medio de su vocera oficial que iban a “filtrar” la información y quiso reformar la Ley General de Comunicaciones para controlar los servicios de telefonía celular e internet. Pero en esto último fracasó, gracias al rechazo de la ciudadanía y en particular de la empresa privada que opera los servicios de telefonía móvil e internet.
Ahora el orteguismo de nuevo está intentando controlar internet y censurar las redes sociales, con el pretexto de proteger a la niñez y las familias de las noticias falsas, difamaciones y calumnias que difunden algunas personas.
Todos sabemos que se cometen abusos en los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los sitios web y las redes sociales que funcionan por internet. Pero las leyes que existen son suficientes para perseguirlos y castigarlos y en todo caso no es necesario, para eso, impedir ni restringir la libertad de información y de expresión.
La Constitución Política de Nicaragua garantiza, en su artículo 30, la libertad de información y opinión que también es protegida por los tratados internacionales de derechos humanos. Además, el artículo 67 constitucional establece expresamente que el derecho de informar, y por lo tanto de opinar, “no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley”.
¿O es que el régimen orteguista quiere derogar o modificar estos artículos fundamentales de la Constitución, para imponer la censura y por eso se habla hasta de una nueva reforma constitucional?
Si la familia gobernante tuviera verdadero interés y sana intención de impedir el abuso en los medios de comunicación, comenzaría por no permitir que sus propios noticieros atenten contra la moral pública y la dignidad humana con sus difusiones de la nota roja. Y no permitiría que ciertos sitios web, que obviamente están a su servicio, difamen, calumnien, e intimiden de manera sistemática a personas democráticas de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación independientes.
Sin embargo, es alentador que la sociedad civil, los partidos y movimientos políticos democráticos, el sector privado y la Iglesia católica por medio de sus obispos, se estén pronunciando en defensa de la libertad de expresión y de información. Ortega y su consorte deberían escuchar esas voces y desistir de su imprudente empeño de restablecer la censura en Nicaragua.