Uriel Pineda lleva más de 10 años trabajando, estudiando y enseñando el tema de los derechos humanos. En la actualidad realiza su tesis doctoral en la capital de México, pero se mantiene muy al tanto de lo que acontece en su país, con un Daniel Ortega que suma más de 20 años en el ejercicio del poder.
En materia de derechos humanos, el último capítulo en Nicaragua es la iniciativa de Ley de control de redes sociales que los tres poderes principales del Estado están negociando a puerta cerrada, y ese será el tema principal de esta entrevista.
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Pineda analiza las violaciones jurídicas que cometería el Gobierno al cercenar la libertad de expresión, compara la eventual Ley que podría desarrollarse aquí con la llamada Ley Mordaza de España, y habla sobre el origen de la iniciativa del control de redes y los motivos que llevarían al Ejecutivo a crearla. Entre ellos, la página de Facebook Política 505, que, incluso, sugiere el entrevistado, podría ser una creación de Ortega y Rosario Murillo.
¿Qué derechos humanos se violentarían con el control de las redes sociales por parte del Estado?
Esencialmente es un elemento que afecta la libertad de expresión. Se trata de restringir la libre circulación de información e ideas, y eso repercute en el derecho de la sociedad a estar informada. Ahora, aquí hay un problema que no se está atendiendo con enfoque de derechos humanos. Es decir, el debate se inició y se generó por declaraciones de Rosario Murillo donde manifiesta su preocupación por la información a la que acceden las familias, sin embargo, cualquier medida legislativa o administrativa que adopte el Gobierno, debe de ser sometida desde los derechos humanos a un test de proporcionalidad. Como esa medida que se pretende hacer va a restringir la libre circulación de información e ideas en redes sociales, entonces tiene una afectación a la libertad de expresión. Y cualquier afectación a la libertad de expresión tiene que ser sometida a un test de proporcionalidad.
¿Qué es un test de proporcionalidad?
El test de proporcionalidad está asociado a que debe buscarse un fin legítimo. Si el fin legítimo es que los menores de edad, los niños, no accedan a contenido perturbador, por decirlo de una manera, entonces criminalizar la generación de contenido, no necesariamente es la medida penalizar. Aunque tengamos un fin legítimo, debe de ser una medida proporcional. Más allá de la sanción penal lo que se debe buscar es la educación de los padres sobre el uso de redes sociales o la educación de la población en general sobre el uso de las redes sociales.
¿O sea que la iniciativa del Gobierno es exagerada al castigar a todo el país por algo que quizás es puntual?
Efectivamente. Es que hay que puntualizar. Para saber qué medida es proporcional o no, tiene que haber una propuesta concreta de medida, y esto es lo que el Estado de alguna manera ha contenido o no ha revelado. Solo ha revelado sus intenciones para ver cómo decanta el debate público y saber qué puede y qué no puede hacer. Una estrategia perversa porque nos deja en zozobra desde nuestro ejercicio de control democrático y social de la función pública.
¿Es como si el Gobierno ya tomó una decisión y simplemente están palpando el efecto que tendría en la gente?
Efectivamente.
¿El debate al que convocaron no es creíble?
El debate va en dos sentidos: el primero es que es una convocatoria sin fundamento legal por parte de la Asamblea Nacional porque al no existir una propuesta concreta de Ley, no se activa la facultad de las comisiones de citar a personas para comparecer respecto de ese proyecto de ley. Pero bueno, eso es punto y aparte. Están convocando a una serie de instituciones a hablar no se sabe qué, porque incluso hasta salen por las puertas traseras los funcionarios, y en esta lógica también crearon un espacio de interacción para que la gente pueda participar libremente incluso haciendo uso de las propias redes sociales. Este debate que todo mundo pueda participar no es cierto. Es una ficción contraria al espíritu de los derechos humanos. Tenemos que tener reglas mínimas para la convivencia social, y esto es lo que se plantea desde la perspectiva jurídica y que ha sido un debate superado desde hace ocho décadas. De alguna manera el Gobierno de Nicaragua pretende desconocer esta evolución jurídica y dice: “A ver, aquí opine todo el mundo”. Pero no es así. Si vas a restringir un derecho humano entonces tenés que fundamentarlo o razonarlo. La restricción debe tener una legitimidad y debe ser proporcionado a lo que se busca regular para saber si es idóneo y adecuado. Para saber si no hay otra alternativa de hacerlo. No como se pretende hacer.
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Se ha hablado de leyes de control de redes sociales de otros países como la llamada Ley Mordaza española. ¿Qué paralelo cree usted que tendría la versión nica con la española?
Creo que hay una diferencia esencial entre la experiencia española y la nicaragüense. Te pongo un fallo reciente del Tribunal Constitucional español, en el contexto separatista catalán hubo una sentencia muy reciente donde se considera libertad de expresión ofender al rey. O insultarlo. Lo que quiero decirte es que hay una institucionalidad mucho más sólida, o simplemente hay institucionalidad, porque en Nicaragua no podemos hablar de que existe eso. Entonces allá hay una institucionalidad que puede ejercer estos mecanismos de control. Si bien es cierto que en España hay un contexto bastante complicado, porque sí ha habido sentencias por parte de tribunales judiciales en cuanto al ejercicio de libertad de expresión, todavía existen canales que se pueden activar, como es el sistema regional de protección de derechos humanos. Estas soluciones pueden ser recurridas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ha sido muy protector en el tema de libertad de expresión. Pero te puedo decir por ejemplo que la crítica a funcionarios públicos tiene un test de proporcionalidad asociado de la siguiente manera: en el entendido que un funcionario público asume una función de manera voluntaria y en el hecho que su labor ahora está sujeta al escrutinio público, acarrea como consecuencia que debe ser más tolerante a la crítica y no puede activar los mecanismos de protección a la honra y el honor que tuviera cualquier persona. Y esto lo ha acatado y reconocido el Tribunal Europeo, lo reconoce el Sistema Interamericano. Entonces yo creo que hay una institucionalidad más establecida en Europa que permite frenar esos abusos, lo cual en Nicaragua simplemente no existe. La independencia judicial es una mera enunciación en el texto constitucional, pero en la práctica se pliega a los intereses y necesidades del régimen.
¿Para usted cuál es el motivo de este control de redes sociales que quiere hacer el gobierno de Ortega y Murillo?
Bueno ese ya es más un análisis político que jurídico, pero en la medida en que un gobierno permanece en el poder, existe un desgaste natural. Y si se gobierna con autoritarismo, que es lo que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega, eso crea un escenario político bastante inestable para el régimen. El punto de partida acá es que si lo ves desde la perspectiva convencional, hay un tema de censura indirecta porque hay concentración de medios. Estos medios o propagan noticias de interés para el régimen o distraen la atención de la opinión pública. El control de los medios que ha hecho Daniel Ortega a los medios, estamos hablando del bloqueo que se dio a El Nuevo Diario, la compra de canales de televisión y todo esto, derivó en que la gente no tiene como canal de información a los medios convencionales. De suerte tal que las redes sociales han llenado ese espacio, y dentro de redes sociales se difunde información. Y aquí el tema de la inmediatez, el tiempo real, ha ayudado a que la gente empiece a virar su atención hacia redes sociales. Y el Gobierno no puede controlar esto. Si vos buscás a los medios oficiales en redes sociales, tienen un perfil muy bajo. La gente los sigue muy poco o no les hace caso. Redes sociales es algo que el Gobierno no ha podido controlar, y está siendo una fuente importante de información para la población. Podés hablar de más o menos dos millones de nicaragüenses que tienen acceso regular a redes sociales. Es un tercio de la población que esencialmente puede fundamentar sus opiniones en cosas que circulan en redes sociales.
El exministro de Educación, Humberto Belli, mencionó en una columna de opinión en LA PRENSA a una página de Facebook llamada Política 505. Él cree que esta página y la información que difunde serían la génesis de la iniciativa del control de redes sociales del Gobierno. ¿Usted sabe algo al respecto?
Sí conozco el sitio. Hay quienes me han compartido publicaciones del sitio. Creo que es un sitio sumamente crítico del régimen y hay un tema aquí importante. Lo principal sobre esto es que las redes sociales tienen su política de publicación y su política de protección a algunos temas de interés como la privacidad. Hay algo de la libertad de expresión, acuñado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se conoce como la real malicia. Es aquel elemento que viene con la intención de dañar la imagen de una persona y que tiene contenido falso, pero es un contenido falso que se sabe. Esto tiene consecuencias desde la perspectiva de la libertad de expresión. Indudablemente que la difamación con intención no es amparada por la libertad de expresión. Nicaragua cuenta con un marco jurídico que le permite de alguna manera hacerle frente a esta situación, y no por ello restringir la libre circulación de ideas e información.
¿Es lo que me decía del test de proporcionalidad?
Exacto. Pero hay otro tema importante. El tratamiento que te da la libertad de expresión no es que cerrés el medio. Lo que tenés que hacer en todo caso es que sus publicaciones estén sujetas a responsabilidades ulteriores. Una vez difundida la información es que se toman las medidas. El camino no es cerrar medios, no es restringir la libre circulación de información e ideas. El camino es que si hay un exceso en nombre de la libertad de expresión, eso sea retomado. Creo que es sensible. El régimen ha demostrado ser intolerante a la crítica. Puede que esto sea uno de los elementos detonantes, pero cerrar un medio de comunicación no es la decisión correcta desde la perspectiva de libertad de expresión. Ese sitio de Facebook (Política 505) se ha convertido en un generador de contenido, en un comunicador social porque lo hace de manera regular y porque está teniendo algún nivel de alcance, entonces independientemente de que sea una página de Facebook, goza con la protección de la libertad de expresión y no lo podés ver solo como alguien que dice cosas, porque si ves su número de seguidores, si ves cómo se postea el contenido que genera, entonces estás ante la presencia de un comunicador social, sea quien sea que esté detrás de ese sitio. Entonces un ataque a este sitio es un ataque a la libertad de expresión. Es el ciudadano, es la persona común, quien tiene que decir si cree o no cree una noticia. Pero en todo caso lo que no es legítimo es la restricción de contenido y evitar la libre circulación de ideas.
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¿Qué deberían hacer las personas que se sientan ofendidas por este medio entonces?
Uno, los métodos de privacidad y las restricciones o las políticas de publicaciones que tiene Facebook. Eso lo decide Facebook. Si no estás satisfecho con este tema, hay mecanismos legales establecidos en Nicaragua para que se haga una investigación, se sepa quién está detrás de esto, y tratar de demandar las responsabilidades. Pero ojo con esto: soy un objetor permanente de la penalización de las injurias y calumnias. La tendencia internacional es que esto se despenalice y esté sujeto a la sociedad civil. Eso estaría más acorde a estándares internacionales, y sobre todo nos convertiría en una sociedad más democrática.
Algunas de las publicaciones de este sitio de Facebook son muy fuertes. ¿Esta página no está violentando los derechos de las personas que señala?
Yo creo que la clase política tiene derecho a su honor y a su privacidad de manera restringida. Esto es importante. Si se señala a Daniel, a Rosario Murillo, a Camila Ortega, hay que tener en consideración los elementos que te decía anteriormente. No es lo mismo que me critiquen a mí o a una persona común, que critiquen a un funcionario público. El funcionario asumió esa posición de manera voluntaria y su labor está sujeta al escrutinio público. Consecuentemente debe ser más tolerante a la crítica. Si se critica al Gobierno o a un funcionario público, pues que se aguante el funcionario público y brinda las declaraciones para hacer las aclaraciones pertinentes, pero el funcionario público no tiene derecho a cerrar un medio por esto.
Algo que también hay que destacar es que el Gobierno no se ha pronunciado en público sobre Política 505. Han hablado de noticias falsas de redes pero acerca de secuestros.
Claro. Pero puede ser la finalidad. Aquí hay un tema, y creo que México es un ejemplo muy importante sobre la colusión que puede haber entre medios de comunicación y Gobierno. Hay quienes responsabilizan a Televisa por la creación de la figura de Enrique Peña Nieto, una persona descrita por Carlos Fuentes como alguien con limitados recursos intelectuales, por decir lo menos. El punto es que actualmente, pensemos en lo que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México (terremoto en la capital). La ciudad estaba de forma caótica, y para mantener la tensión dentro del caos se creó una historia dentro de una escuela donde una niña estaba atrapada. Después se descubrió que nunca existió la niña pero sobre el tema dieron declaraciones de funcionarios públicos, estaban las Fuerzas Armadas dando declaraciones. Se evidenció que esa alianza perversa entre medios de comunicación y Gobierno existe. En la Ciudad de México no se supo hasta mucho después que zonas marginales habían sido muy afectadas por el sismo, y centraron la atención a colonias de clase media alta. ¿A qué voy con esto? El Gobierno de Nicaragua ha tenido el control de medios convencionales, pero no ha tenido el control de redes sociales. Entonces la única manera de controlar información en redes sociales puede ser dosificando este tipo de información. Ellos mismos pueden generar la información falsa y ellos mismos controlan porque son la autoridad. Controlan la generación de opinión pública y podés verlo en muchas cosas. Vamos a la masacre de La Cruz del Río Grande. El Gobierno nunca se pronunció, pero nos damos cuenta de la versión del Gobierno porque de pronto en un video mal grabado en una zona remota del país, un rango medio del Ejército da alguna declaración y esto es retomado por los medios. Pero esto no es un video casual. Desde mi experiencia es un video que es filtrado por el Gobierno para seguir generando el debate público. El régimen político que hay en Nicaragua manipula la libertad de expresión. No permite libre acceso a la información, filtra lo que le conviene y esto es insano para una vida en democracia. Los gobernantes no están en su finca.
¿Para usted Política 505 es una creación del Gobierno?
Pues mira, no tengo mayor elemento para decirte eso, pero lo que te puedo decir con meridiana claridad es que no me sorprendería. Viendo la trayectoria política y personal de Daniel Ortega, puedo esperar cualquier cosa.
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Plano personal
Uriel Pineda, de 34 años, es originario de Matagalpa.
En su infancia fue acólito y sirvió para el ahora cardenal Leopoldo Brenes en Matagalpa, en 1993 y 1994.
Fue bombero voluntario en Matagalpa entre 1998 y 2001. “Incluso al salir de la secundaria tuve la disyuntiva de estudiar Derecho o estudiar en el extranjero una carrera profesional para ser bombero”, cuenta.
Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana de Nicaragua, hizo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de México y actualmente está realizando su doctorado en la misma materia.
Trabajó un tiempo en el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
Es catedrático en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y es consultor independiente en temas de derechos humanos.
Tiene una hija de un año llamada Camila que nació en México.
Ve mucho Netflix. “Me gusta mucho el cine de arte, las películas épicas, las películas biográficas”, revela.
No lee mucha literatura recreativa pero sí lee bastante sobre los derechos humanos.