A medianoche del pasado martes 20 de marzo, la señora Mary Frinwie Atanga y el señor Joseph Tchamani Magloire, fueron condenados por un juez de Nicaragua como culpables de tráfico de migrantes.
Atanga y Tchamani son originarios de Camerún, África, pero residentes en Bélgica, Europa. Ellos no fueron apresados en Nicaragua cometiendo algún delito, ni entraron al país como migrantes ilegales, con la intención de quedarse aquí o seguir su camino hacia otra parte. Ellos entraron legalmente a Nicaragua el 4 de diciembre del año pasado y 8 días después fueron encarcelados.
La señora Atanga vino para obtener información sobre la muerte de su hijo, Mbanga Atanga Azehfor, a quien miembros del Ejército y la Policía lo mataron el 29 de septiembre de 2017 en un lugar del departamento de Rivas, durante un supuesto enfrentamiento armado con traficantes de migrantes ilegales.
Según la señora Atanga, su hijo no era un criminal. Era un profesional microbiólogo que tenía la intención de llegar a Estados Unidos (EE.UU.) en busca de mejores oportunidades. Además, ella vino a reclamar el cadáver de su hijo para llevarlo a su lugar de residencia en Bélgica y sepultarlo como es debido.
La señora Mary Atanga creía al parecer que en Nicaragua hay Estado de derecho, que la justicia aquí es igual que en el país civilizado donde ella vive y opinar y hacer denuncias en los medios de comunicación no es un delito que deba ser castigado.
Poco despues de llegar a Nicaragua la señora Atanga denunció a LA PRENSA que era hostigada por agentes de Migración, dijo que no le permitían salir del hotel donde se encontraba alojada con su acompañante y, finalmente, el 12 de diciembre ambos desaparecieron y se hizo imposible volver a comunicarse con ellos.
Después que LA PRENSA informó sobre la desaparición de la señora Atanga y su acompañante, la Policía emitió un comunicado en el cual informó que esas dos personas estaban presas por ser delincuentes, con el “agravante” —se dijo en el comunicado policial— de que viven en un barrio de Bruselas llamado Molembeek, “considerado de alto riesgo”.
La señora Atanga y su compañero de viaje fueron sometidos a un procedimiento judicial casi secreto, que culminó con la sentencia condenatoria dictada en la medianoche del 20 de marzo. Y aunque parezca increíble, el fundamento para condenarlos fue la declaración de un oficial de policía, quien aseguró que algunos migrantes ilegales a quienes no identificó habían mencionado los nombres de Mary y Joseph, solo sus nombres, ni siquiera sus apellidos. Pero eso fue suficiente para que la infame “justicia” de Nicaragua los condenara.
Después de escuchar la inicua sentencia judicial, la señora Atanga habló dramáticamente ante su juez verdugo y, llorando, pidió perdón por el “error” que supuestamente había cometido. Es decir, el “error terrible” de haber dado declaraciones a los medios de prensa, sin permiso del Gobierno.