Empresarios temen un aumento de la informalidad con reforma al INSS y alzas



Empresarios temen un aumento de la informalidad con reforma al INSS y alzas

El Consejo Superior de la Empresa Privada considera que lo importante con la reforma al INSS es evitar que “nos volvamos un país prácticamente informal”

LA PRENSA/ARCHIVO

El incremento del aporte patronal y del trabajador a través de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que ya negocia el Gobierno con el sector privado y los sindicatos, el alza de la tarifa eléctrica y el ajuste del salario mínimo elevarían los costos de producción, lo que incrementaría a su vez la informalidad y el desempleo, analiza el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres.

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Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) considera que lo importante con la reforma al INSS es evitar que “nos volvamos un país prácticamente informal”.

Consecuencias

“Por supuesto”, dijo el presidente de Conimipyme, que elevaría costos y provocaría despidos de trabajadores. Añadió que “toda empresa por lógica económica al aumentar sus costos tiene problemas de generación de utilidades o de beneficios” y cuando eso ocurre tiene dos opciones: reducir sus beneficios o sus costos. Y la vía más rápida para disminuir los gastos es a través de los costos fijos de producción y dentro de ellos se incluye el pago de la nómina, detalló Torres.

Aseguró además que con el aumento de los costos (ajuste al salario mínimo e incremento de la tarifa eléctrica) “se está desestimulando la formalización de las empresas” y sumado a eso al elevarse las cotizaciones al INSS habrá menos incentivo para ingresar al sistema, por lo que la planilla de afiliados no crecerá significativamente, como se requiere para rescatar las finanzas de la institución que, según el Fondo Monetario Internacional, a partir del 2019 podría enfrentar problemas para cumplir sus obligaciones.

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Según Torres, con el alza en las cotizaciones la base de afiliados solo registrará el crecimiento natural, como ha ocurrido en los últimos años. Además insistió en que “si se incrementan los costos de la energía eléctrica, los combustibles” y además la carga social del INSS que no es exclusiva del salario mensual sino también del pago de vacaciones, decimotercer mes y liquidaciones, “la suma se convierte en una dura carga para una pequeña empresa”, ya que “aquí no hay diferenciación, pagamos lo mismo las pequeñas y las grandes empresas”, lamentó Torres.

Además del incremento del aporte de las empresas y los trabajadores, la reforma que negocia el Gobierno, según el economista Adolfo Acevedo, podría incluir el establecimiento de un solo mecanismo de ajuste de las pensiones conforme la devaluación de la moneda y eliminar el techo máximo salarial para calcular el monto de la cotización. No obstante. Acevedo advierte que esta propuesta todavía no es oficial.

Crecimiento económico

En tanto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, declaró este miércoles en su habitual conferencia de prensa que en esta reforma “lo importante es que no se pierda de vista el crecimiento económico y se haga también sin buscar que nos volvamos un país prácticamente informal”.

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Según Aguerri, si bien “no se puede satanizar la informalidad”, se deben reconocer dos tipos de informalidad: la de la micro y pequeña empresa que no tiene otra oportunidad de vida y la informalidad (de las empresas) que se esconden en ese mundo para no pagar impuestos.

Experto analiza

En ese sentido, Manuel Ruiz, catedrático de Derecho y especialista en Seguridad Social, rechazó la posibilidad de que se incremente la cuota patronal y que a los trabajadores también se les deduzca más de su salario para “oxigenar” las finanzas del INSS e instó a que el Estado asuma responsabilidades que actualmente elude.

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El Estado debería destinar recursos del Presupuesto General de la República para el pago de la pensión reducida que se entrega a los cotizantes que no alcanzaron las 750 semanas establecidas por ley para acceder a la pensión de vejez, y el pago de las pensiones especiales, que según Ruiz, solo en 2017 ascendieron a 1,697 millones de córdobas.

Que el Estado cumpla

“Para que el INSS resuelva su problema, el Estado tiene que cumplir con la primera obligación y cuando lo haya cumplido, empleadores, trabajadores y pensionados podríamos decir que sería un aporte más para una sana administración del Seguro Social, porque si no se maneja técnicamente, tampoco vas a resolver el problema”, aseguró.

A esto le sumó otras acciones, como es pagar en veinte años la deuda que tiene el Estado con el INSS y que es de unos 500 millones de dólares y además disminuir los gastos administrativos, los cuales deberían ser del 6.5 por ciento, pero en la realidad superan el 13 por ciento.

Además, de acuerdo con Ruiz, la solución no es subir el techo al empleador, ya que lo pondría en desventaja con respecto al resto de la región y podría desencadenar recortes de personal para compensar el incremento en los costos de producción.

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Ruiz explicó que a lo antes mencionado, por si no fuera suficiente, se le suma como males del INSS que las inversiones de las reservas técnicas son manejadas deficientemente, que no hay autonomía en la dirección del ente y que los gastos se rigen a discrecionalidad.

La propuesta del FMI

En 2013 el déficit global del INSS fue de 201.1 millones de córdobas y desde entonces ha crecido anualmente, hasta alcanzar en 2017 los 2,373.80 millones de córdobas.

El año pasado esta tendencia llevó al Fondo Monetario Internacional a advertir que en 2019 la institución podría comenzar a enfrentar problemas para cumplir con sus obligaciones, a menos que se realizaran reformas profundas, entre estas aumentar la edad de jubilación y el número de semanas cotizadas para optar a una pensión.

Sin embargo, según economistas consultados por LA PRENSA, el paquete de medidas que está negociando el Gobierno con el sector privado y los sindicatos no contempla las recomendaciones del FMI, sino que está enfocado en elevar el aporte de las empresas y de los trabajadores, establecer un solo mecanismo de ajuste de las pensiones conforme la devaluación de la moneda y eliminar el techo máximo salarial para calcular el monto de la cotización.

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No obstante, el economista Adolfo Acevedo, advierte que esta propuesta aún no es oficial.

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