El debate sobre el control gubernamental de internet y la censura de las redes sociales —abierto por la vocera presidencial cuando ordenó a la Asamblea Nacional hacer una consulta sobre reformas supuestamente necesarias a las leyes de protección a las familias—, colocó en el centro de la atención pública el tema de la libertad de expresión y el derecho de opinar.
La consulta oficialista nos parece irrelevante, pues, conociendo la naturaleza autoritaria del régimen orteguista y sabiendo por experiencia cómo maneja los asuntos que incumben a los ciudadanos, creemos que la decisión gubernamental sobre las reformas legales ya está tomada; la consulta es solo para guardar las apariencias.
Sin embargo, el simulacro oficialista de consulta ha mostrado cosas interesantes. Tal es el caso, por ejemplo, de que los presidentes del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), que son afines al régimen orteguista, sin embargo se pronunciaron contra la censura de las redes sociales. El presidente del CNU mencionó inclusive el concepto básicamente democrático —que nosotros sustentamos—, de que “no es control, sino la autorregulación y la educación” las medidas que se deben aplicar para evitar los abusos cibernéticos.
Si eso lo han dicho para simular diversidad de opiniones en la consulta oficialista, o porque las comunidades universitarias son grandes usuarias de internet y las redes sociales y por lo tanto serían afectadas por la censura, solo los presidentes del CNU y la UNEN lo saben.
También en la jerarquía católica ha habido opiniones distintas. Los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, así como el vicario para la familia de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Fonseca, se pronunciaron de manera firme y categórica contra cualquier censura y control político de internet. Pero el obispo de la diócesis de Chontales, monseñor René Sándigo, dijo a un medio de comunicación en línea que él es partidario del control de las redes sociales “para que no abusen ni sean portadores de violencia”, aunque él no cree que la intención del Gobierno sea establecer la censura.
Nosotros ya nos pronunciamos sobre este tema, en el editorial del 20 de marzo titulado Obsesión por la censura. Pero debemos reiterar nuestra posición de que el principio de que la mejor ley de prensa es la que no existe, es válido también para las comunicaciones por medio de las redes sociales, que son nuevos recursos para la práctica del derecho a la libertad de expresión y de información.
Por lo demás, las opiniones de cualquier tipo, incluso las que son contrarias a las ideas propias, tienen que ser respetadas no solo por los gobernantes sino también por las demás personas. Como dijera un juez estadounidense llamado Oliver Wendell Holmes junior, en una sentencia dictada en 1929, si hay un principio que exige la mayor fidelidad “es el principio de la libertad de pensamiento, no para quienes están de acuerdo con nosotros, sino para quienes tienen ideas que aborrecemos”.