Las organizaciones de derechos humanos del país quedaron fuera de las “consultas” que está realizando el poder legislativo sobre las modificaciones a 13 normas legales y políticas públicas con el supuesto objetivo de prevenir la violencia.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuestionó que esas consultas “no son satisfactorias porque no están incluyendo”, sino demuestran ser “un ejercicio discriminatorio para muchos sectores de la sociedad civil que tienen incidencia en Nicaragua, que deberían ofrecer sus propuestas”.
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A mediados de marzo pasado, la vicepresidenta designada Rosario Murillo orientó un debate nacional para prevenir precisamente la violencia y la publicación de noticias falsas en las redes sociales.
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Ese discurso lo cambió Murillo y sus diputados sandinistas a que se deben fortalecer las leyes y los programas estatales para fomentar los vínculos familiares, luego del rechazo que tuvo de la mayoría de la sociedad a que se censure la libertad de expresión en las redes.
Para Leiva “se está violentando uno de los pilares fundamentales” de un sistema democrático como es “la inclusión social” de todos los sectores afines y no al partido gobernante en la toma de decisiones que afectará a la población.
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“De tal manera que esta consulta no tiene el asidero jurídico, para que mañana se pretenda controlar las redes sociales, en una flagrante violación a los derechos humanos de los nicaragüenses”, puntualizó Leiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha expresado claramente que el uso libre de las redes sociales es un derecho fundamental que lo contemplan los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”. Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH.
Comisión debió ser pluralista
Para el defensor de derechos humanos, se debió proponer una comisión pluralista especializada integrada por los diferentes sectores, como medios de comunicación, jóvenes universitarios, organismos de derechos humanos, blogueros, comerciantes y representación de profesionales, entre otros.
“Recordá que una norma o una ley, no es para un solo ciudadano, sino que es para toda una sociedad, por eso debe de haber una participación masiva de opiniones para dar recomendaciones”, consideró Leiva.
Advierten peligro
Insistió que es peligroso que se pretenda cercenar el derecho a expresarse a través de las redes sociales, porque lo ve como un avance hacia el control del poder absoluto de parte del actual gobierno orteguista.
“El Estado sabe que estos espacios son los únicos que están quedando para la sociedad nicaragüense, especialmente para la juventud, que los utilizan para manifestar inquietudes o denuncias, incluso contra el mismo Gobierno, que ha producido incomodidad en el poder”, dice el defensor de los derechos humanos.