En diversas ocasiones, desde este periódico, he manifestado mis simpatías por Lula, como se conoce en Brasil y en todas partes al expresidente de ese país, ahora encarcelado por supuesta corrupción.
Y digo supuesta corrupción porque está totalmente abierto al debate, no solamente político, sino también jurídico, la veracidad de las pruebas de la acusación, como lo demuestra la votación dividida y escasamente ajustada del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. A ese debate se ha agregado el insólito pronunciamiento del jefe de las Fuerzas Armadas para que se condenara a Lula, lo cual ha agregado más sospechas de la motivación política del juicio. Bajo ningún argumento democrático se puede justificar esa incursión de los militares en la vida política-institucional, que tanto recuerda al golpe de estado de 1964 contra Joao Goulart, un aristócrata progresista depuesto también por sus ideas.
Mis simpatías por Lula, como por Tabaré y Mujica en Uruguay, y los gobiernos del centro-izquierda chileno, es que a diferencia de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, demostraron que era posible la búsqueda de la justicia social con respeto a la economía de mercado y siendo escrupulosamente democráticos. Lula incluso consideró que la reelección indefinida, como existe en Nicaragua y Venezuela, es antidemocrática, y así lo escribí entonces en estas páginas. No es casualidad que al momento de decidirse su prisión, Lula encabezaba holgadamente las encuestas en las elecciones presidenciales de este año, pues los brasileños le reconocían las políticas de inclusión social en un momento de crecimiento económico significativo.
En el caso de la creciente y necesaria lucha contra la corrupción en América Latina hay dos extremos indeseables: por un lado, la ausencia total de independencia del poder judicial y de los órganos de supervisión y control. En estos casos, la impunidad de la corrupción es total. En el otro extremo, la politización de las decisiones judiciales, que también abre camino a la impunidad.
De este segundo extremo advierte el excanciller del Perú y ferviente promotor en su ocasión de la Carta Democrática Interamericana, Diego García-Sayán, cuando en un reciente artículo en el periódico español El País señala: “La explicable rabia popular frente a la corrupción es terreno fértil para recibir bien gestos o decisiones ‘duras’ por parte de la judicatura. Eso no tendría nada de malo o de extraño si no fuera porque en algunos casos se está ante gestos de ‘firmeza’ que pueden ser tan discutibles por falta de sustento y necesidad jurídico-procesal y podrían estar más bien orientados a generarse el aplauso o simpatía ciudadana. Cuidado con esa ruta”.
En la Nicaragua del régimen de Ortega se juntan ambos extremos indeseables: la total impunidad por subordinación política del poder judicial y la Contraloría ante Ortega, y una extrema politización de las decisiones judiciales, como es el caso de los famosos Ceni, entre otras manifestaciones de una política oficialista de rehenes judiciales.
En el contexto descrito del régimen de Ortega, la manifestación gubernamental de solidaridad con Lula resulta una falsificación tan grande como lo ocurrido con la incipiente democracia nicaragüense.
El autor es economista.