El juez Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto Rodríguez, giró las órdenes de libertad para los cameruneses Mary Atanga y Joseph Tchamani Magloire después de ordenar la suspensión de la ejecución de la pena, pues ayer los condenó a dos años y seis meses de prisión por tráfico ilegal de migrantes.
Además, ordenó la expulsión del país de ambos procesados.
Los cameruneses realizarán los trámites de la repatriación del cadáver de su hijo Mbang Atanga. La Fiscalía no se opuso a las decisiones del judicial.
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Atanga era migrante irregular y viajaba junto a su hermana Azeh Maclaire y diez africanos más hacia Estados Unidos en busca del ansiado “sueño americano”. El 29 de septiembre, a las 3:20 de la madrugada, falleció Atanga después de recibir varios impactos de bala de parte de agentes del Ejército y la Policía Nacional.
“Aunque ya tengan orden de libertad, como su situación legal en el país cambió porque se les venció el permiso autorizado, ahora tienen un estatus irregular, se mantendrán en el albergue de Migración y para dar las vueltas legales para sacar el cuerpo del hijo andará acompañada de oficiales de Migración, para no tener problemas”, dijo Álvaro Ramírez Barrios, abogado de los extranjeros.
Asediada y acusada
Mary Frinwie Atanga vino junto a Joseph Tchamani Magloire el 4 de diciembre de 2017 a Nicaragua a reclamar el cadáver de su hijo Mbang Atanga, pero lejos de recibir una explicación por la muerte de su hijo o al menos una disculpa de parte del Gobierno de Nicaragua, fue asediada y recluida en un hotel capitalino.
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Luego, el 10 de diciembre de 2017, fue trasladada a un albergue de Migración hasta ser acusada por tráfico de migrantes el 20 de diciembre de 2017, en audiencia privada bajo férreo resguardo policial.
Los otros condenados
En la misma sentencia se condenó a 23 años de cárcel a los nicaragüenses Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín, a quienes también los acusaron de crimen organizado y homicidio frustrado, por ser quienes trasladaban en vehículos a los migrantes ilegales el día de los hechos e intercambiar disparos con las fuerzas del orden.
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Por homicidio frustrado les dieron nueve años de cárcel, por crimen organizado seis años de prisión y ocho años de cárcel por tráfico de migrantes. A estos también se les impuso una multa de 1,333 días, equivalentes a 72,168 córdobas. La pena para estos procesados concluye en el 2040 y deberán cumplirla en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa.