Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) pedirán un diálogo al gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, para que les dé mayor información sobre la nueva Ley antilavado que se prepara en la Asamblea Nacional, la cual contempla, entre otras cosas, que los Organismos No Gubernamentales (ONG) sean sujetas de control de sus estados financieros.
Ortega mandó el pasado 4 de abril dos nuevas iniciativas de Ley relacionadas con las acciones del Estado en contra del lavado de activos, donde se incluye que las ONG deben rendir sus informes financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que además podrá intervenirlas cuando sospeche que sus actividades estén vinculadas con el lavado de dinero.
Cáritas de Nicaragua enfrenta dificultades
La Iglesia católica cuenta con su pastoral social Cáritas de Nicaragua, una ONG que recibe aportes del extranjero para poder realizar su labor social.
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“Tenemos que crear un diálogo con el Gobierno para que nos diga cómo va a funcionar eso. Vemos urgente dirigirnos al Gobierno, porque siempre hay dificultades y hoy (ayer) nos informaban de Cáritas de que hay dificultades para la exoneración de vehículos, para traer contenedores de medicinas. Entonces, vemos urgente dirigirnos al Gobierno”, aseguró monseñor Jorge Solórzano, obispo de la Diócesis de Granada y miembro del episcopado.
“Sobre el control financiero, pues tenemos que hablar con el Gobierno para ver qué repuesta o qué aclaración nos da; tenemos que conocer bien los alcances de esa Ley”, insistió el prelado.
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Actores de la sociedad civil han considerado peligroso el sesgo y la discrecionalidad con que el gobierno de Ortega implementa las leyes, sobre todo cuando se trata de controlar a las organizaciones de la sociedad civil que son críticas al régimen orteguista.
Obispo Mata: Mordaza contra las ONG
Por su parte, el vocero de la Conferencia Episcopal, monseñor Abelardo Mata, aseguró que el objetivo de la Ley antilavado es imponer un bozal a las ONG que son críticas al gobernante sandinista, que está en el poder desde el 2007.
“Hay otros intereses sobre esto, mayor control de los movimientos, de los fines de una onegé y ponerles una mordaza”, resaltó el obispo.
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Mata puso como ejemplo de represión contra las organizaciones a la Fundación del Río, una organización que defiende el medioambiente y a la cual el Ministerio de Gobernación le advirtió que le podría suspender su personalidad jurídica, tras solidarizarse con los comunitarios rama y kriol ante el fuego que consumía la Reserva Indio Maíz.
“Entonces el fin es ese: callar a las organizaciones, para eso quieren la Ley”, aseguró Mata.
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El diputado orteguista Wilfredo Navarro explicó que hoy martes iniciarán las consultas para escuchar a sectores como la Superintendencia de Bancos, las autoridades bancarias, la Policía Nacional, entre otros sectores, para escuchar sus aportes sobre la nueva Ley antilavado.