Los primeros meses de 2018 han sido críticos para el salario de los trabajadores. Además de los incrementos de los combustibles, que provocan alzas en los alimentos y servicios, otras dos medidas que ha impulsado el Gobierno apuntan a secar más los deteriorados salarios de los trabajadores: reducción gradual del subsidio eléctrico y ahora aumento en el aporte al Seguro Social, tanto a asalariados como empleadores. Y lo que está por venir puede ser peor, advierten economistas.
“El consumidor va a tener menos poder adquisitivo, sus ingresos disponibles se van a reducir más, además si el costo de la vida se está reduciendo en términos reales ese poder adquisitivo es menor todavía, de tal manera que lo que le queda al consumidor es apretarse más la faja, más de lo que ya está, reducir hasta los gastos necesarios”, dijo el economista Adolfo Acevedo.
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Este año el golpe a los consumidores inició con el ajuste al subsidio eléctrico de la tarifa social de energía, que solo para los consumen de cien a 150 kilovatios horas representa un aumento de 17 por ciento, que comenzó aplicarse desde este mes.
Con la reforma a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica, también se estableció que las personas que tienen un consumo entre 151 y 300 kWh deberán pagar el siete por ciento del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a partir de este año.
Asimismo durante el año el precio de la canasta básica ha aumentado 3.8 por ciento, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), pues en marzo del 2017 esta costaba 12,793.1 córdobas y en marzo de este año llegó a 13,275.3 córdobas, es decir, subió 482.2 córdobas.
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A esto se le suma que durante todo el año los combustibles, que no tienen un precio regulado, han tenido una tendencia alcista, lo que ha provocado que el sector transporte posiblemente está valorando un aumento en el servicio de taxi y en el transporte interlocal.
El sector panificador anunció un fuerte aumento en el precio del pan en marzo pasado producto del alza de sus materias primas y la energía.
Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec), señala que los consumidores también sufrieron el alza discrecional del servicio de agua potable.
“La gente se siente molesta porque todo ha venido subiendo, primero la energía, luego el agua, el combustible, ahora el INSS, todo eso en conjunto golpea a los usuarios y consumidores de este país, lógicamente hay inconformidad”, dijo Pomares.
Todo aumento se traslada al consumidor
Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), sostuvo que la reforma al INSS va a influir directamente en los consumidores, porque al elevar al aporte patronal, el empleador va a trasladar ese costo a los productos.
“Esto te va a reducir el poder adquisitivo y eso se reflejará en más carencia de la familia nicaragüense, claro si no es que te despiden porque esto va a obligar a que las micro y pequeñas empresas despidan parte del personal, entonces la situación del consumidor es delicada”, comentó López.
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Jubilados doblemente afectados
Pero de estas alzas no están exentos los jubilados, los que antes eran protegidos por la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, el cual establecería que el adulto pensionado tendría un subsidio en el pago de las facturas de los servicios de energía eléctrica, pero este mes su subsidio se redujo un 5 por ciento.
Ahora además a partir del 1 de julio, todos los jubilados deberán aportar el 5 por ciento de su pensión mensual para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad. Es decir, si por ejemplo un pensionado recibe 5 mil córdobas del INSS, ahora se le hará una retención de 250 córdobas.
“Imagínese el golpe de los jubilados a quienes le van a quitar el 5 por ciento de su pensión para atención médica y al mismo tiempo le están reduciendo el porcentaje de subsidio de la energía. Y aunque ajusten las pensiones con el deslizamiento de la moneda, si el costo de la vida aumenta más que el costo cambiario, van a perder poder adquisitivo”, señala Acevedo.
Aún está pendiente que el Gobierno impulse un reforma tributaria, cuyo contenido aún no están claros, aunque se ha planteado una reducción de exenciones y exoneraciones al sector productivo, que ya amenazó con trasladar cualquier aumento de costo a causa de esa medida a sus productos finales.
Qué priorizar de consumo
El economista Adolfo Acevedo agregó que las ventas de las pequeñas y medianas empresas andan deprimidas y con esta reforma el consumo podría caer, o bien, deprimirse aún más que el año pasado.
El BCN reveló que el año pasado, con respecto al 2016, se observó una desaceleración en el consumo de los hogares, “consistente con un menor crecimiento del crédito, un leve deterioro en los términos de intercambio y un menor crecimiento de los salarios reales. Por su parte, el consumo colectivo también se desaceleró al crecer 3.5 por ciento”.
Acevedo afirma que si se aumenta el costo de bienes de demanda inelástica (bienes que el consumidor considera imprescindibles) como el servicio del agua, energía, alimentación, “al final el problema es ¿qué se prioriza? Cuando se tiene un presupuesto bien limitado”.
Denuncias en las redes
Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), indica que las alzas continuas este año han provocado que los usuarios cada día expresen su indignación en las redes sociales.
“Por ejemplo, cada vez que sube el combustible las redes sociales se encienden, igual sucedió cuando subió la energía, ahorita con la reforma al INSS, eso te indica que hay inconformidad y que si la situación empeora, vamos a ver a la gente en la calle protestando. En el caso de los combustibles, ya se dice que va a aumentar el precio del pasaje a los departamentos, todo va encadena y al final el consumidor y usuario es el afectado”, dijo López.