En el Complejo Judicial Central de Managua durante el 2017 solo ingresaron unos 15 casos por daños ambientales y explotación ilegal de recursos naturales, de estos ocho corresponden a contaminación acústica, que es el delito ambiental que más se da en la zona urbana, según datos de los juzgados.
Sin embargo, en los departamentos el comportamiento es casi igual a pesar que hay más denuncia de aprovechamiento ilegal de maderas, cerros, quema de bosque, tala de árboles, entre otros casos, según ambientalistas del Grupo Cocibolca.
“Nosotros tenemos una denuncia desde enero de este año (2018) en la Policía y Ministerio Público de León contra una gasolinera por contaminación de suelo y es la fecha y no han echo nada, incluso la Policía dice que perdió el expediente y la Fiscalía ni el sistema judicial da prioridad a estos casos”, expresó Víctor Campos del Centro Humbolt.
Entre los delitos que se acusaron en el 2017 están: aprovechamiento ilegal de recursos naturales, construcción en lugares prohibidos y delitos contra la naturaleza y el medio ambiente. También se acusó corte o poda de árboles en casco urbano, perturbación por ruido y usurpación de aguas.
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Se desconoce como terminaron estos casos y con qué tipo de sanciones. Generalmente quien acusa es la Procuraduría General de la República.
Poco conocimiento sobre delitos referidos ambientales
“Existen los delitos y faltas ambientales, el problema es que muchas veces hay desconocimiento y la población no los acusa. Los que más se dan son la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y contaminación del suelo”, explicó Rubén Gutiérrez, abogado con experiencia en delitos ambientales.
Campos agregó que la falta de investigación y sanción de los delitos ambientales se debe también al poco conocimiento que existe de parte de los operadores de justicia en materia ambiental.
“No hay capacitación del personal en delitos ambientales entonces no se preocupan por sancionar y lo que hay es un mensaje de impunidad ambiental porque no hay consecuencias contra quienes lo hacen y esto no colabora con la preservación del medio ambiente”, dijo Campos.
Otro modo de operar de los depredadores del medio ambiente es ampararse ante la Corte Suprema de Justicia, cuando el Ministerio de Recursos Naturales (Marena) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), les imponen sanciones administrativas de esta manera no pagan monetariamente el daño ocasionado al ambiente ni lo reparan, porque el amparo lo que hace es mantener en suspenso el cumplimiento de la sanción y la continuación de explotación del recurso natural, explicó el ambientalista.
Establecer vigilancias
Para Rosario Sáenz, abogada especializada en delitos ambientales, lo que el Gobierno debería hacer es invertir en prevención de los delitos ambientales, tener políticas públicas dirigidas a esto. Según la ambientalista es necesario que se establezcan estaciones biológicas en las reservas naturales para monitorear de forma permanente las áreas protegidas. Crear establecimiento de control de fuego.
“Si hay dinero para ponerle guarda de seguridad a los arbolatas porque no habrá dinero para poner guarda bosques en las reservas. No se debe dejar desprovisto de recursos y atención al medio ambiente”, dijo Sáenz, quien es abogada especialista en derecho ambiental.