Diferentes sectores económicos del país han dado a conocer su posición sobre la crisis que enfrenta el país tras la aprobación a reformas del Seguro Social, donde la sociedad civil ha salido a las calles a mostrar su inconformidad, piden que se respete el derecho a la manifestación y se logre un diálogo.
Los comunicados emitidos por las organizaciones económicas, coinciden que las reformas establecidas para salvar de la quiebra al Seguro Social se hicieron de manera “unilateral”, y no con la participación de diálogo con la que había venido funcionado las relaciones entre el Gobierno, empresa privada y sindicatos independientes.
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“El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), viene arrastrando desde hace varios años una
grave situación, lo que exige que se implementen cambios profundos en su funcionamiento a fin
de viabilizar las perspectivas de futuro de una institución tan importante para el desarrollo
económico y social del país”, dice el comunicado de la Unión Empresarial Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE).
Mientras tanto la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), manifestó a través de un comunicado que “Nos adherimos a los planteamientos expresados públicamente por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) sobre las reformas al seguro social aprobadas por el Consejo Directivo de dicha institución, reiteramos que los problemas que enfrenta el INSS deben ser abordadas de forma integral y la solución a los mismos deben ser soluciones de largo plazo que garanticen la sostenibilidad del sistema”.
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Pues aseguran que como sector turístico – con mayor crecimiento- la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y estas medidas afectará directamente la competitividad y la generación de empleos.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades a reflexionar sobre el serio daño que esta situación de violencia causa a la imagen internacional de nuestro país que con tanto esfuerzo, recursos, dedicación y años nos ha costado reconstruir a los empresarios turísticos y al gobierno”, afirmó Canatur.
Además de plasmar la posición sobre las reformas al Seguro Social, mostraron preocupación por la intolerancia de las autoridades nacionales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
A esa posición se suma la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), quien rechaza las reformas considerando que se traerán desempleo, desequilibrio económico y afectará a trabajadores, jubilados y empresas en general.
“Nos solidarizamos con las familias nicaragüenses en especial con las que perdieron la vida y aquellos que están sufriendo agresiones físicas”, dice el comunicado de CCSN.
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), hizo un llamado al Gobierno a detener la violencia y al diálogo para resolver las diferencias, porque la imagen que se está vendiendo en el exterior es negativo.
“Es oportuno reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto. Está situación de efervescencia y malestar es producto de actuaciones unilaterales en relación al INSS que han roto el tradicional consenso entre el Gobierno, sector privado y trabajadores venían logrando al abordar los temas para la creación de empleo y atraer inversión nacional y extranjera a todos los sectores del país”, dicta el comunicado de APEN.
Piden libertad de expresión
A su vez manifestó que la situación del país ha generado preocupación y zozobra entre los empleados de los diferentes sectores productivo.
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“Pedimos que se preserven los derechos individuales y sobre todo el de la libre expresión y el derecho a la información consignados en la Constitución Política de la República de Nicaragua”, detalla el comunicado emitido por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur).
UniRSE, rechaza toda la violencia como forma de expresión y sostiene que los nicaragüenses tienen derecho a manifestarse sin ser objeto de represión.
“Consideramos indispensable que en Nicaragua se respete la libertad de expresión, por lo que demandamos que los medios de comunicación suspendidos puedan reiniciar sus actividades en completa normalidad y al amparo del derecho que tienen de poder informar libremente”, señaló UniRSE.
Canatur, indicó que se suman al llamado que las organizaciones gremiales empresariales, la iglesia y otras
organizaciones han realizado a las autoridades para que cese la violencia,” se respete el derecho
de la ciudadanía a manifestar libremente su sentir y se respete la libertad de expresión ambos
derechos consignados en nuestra Constitución”.
La Red de Empresarias de Nicaragua (REN), se sumó al llamado que han hecho las distintas organizaciones a que cese la violencia, ” la necesidad de que el gobierno contribuya a detener de inmediato la violencia e inicie a la brevedad posible un diálogo nacional e inclusivo, con una adecuada representación de la mujer nicaragüense, que se traduzca en un consenso que lleve al establecimiento de un sistema de seguridad social justo, realista y sostenible. Ese diálogo es clave para el desarrollo económico del país y para la consolidación de una Nicaragua democrática, equitativa y estable”.
Más sectores se unen
En el mismo sentido la Cámara de Microfinanzas (ASOMIF) y la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (CONAGAN), mediante un comunicado mostraron su preocupación por las reformas al Seguro Social.
Consideramos que las reformas no resuelven de forma sostenida la crisis del sistema de Seguridad Social, “si no que ocasionan la perdida de la estabilidad económica , laboral y social el incremento del riesgo país, el aumento de la informalidad , la disminución de la competitividad, de los ingresos y del empleo ” refiere parte del comunicado.
Al mismo tiempo ASOMIF, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno a la calma y a reflexionar sobre la situación de violencia, ya que esta situación podría significar “fuga de capitales por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.”
ASOMIF mostró solidariza con los estudiantes, población en general y medios de comunicación a quienes les han vulnerado su derecho a la libertad de expresión, enfatiza el comunicado.
En tanto CONAGAN, demandó que las instituciones públicas garanticen el derecho de los ciudadanos de manifestarse y el de los periodistas a informar. Al mismo tiempo exigió un diálogo inmediato de todos los sectores con el objetivo de reducir el déficit que enfrenta el INSS.
También hizo un llamado a la “no violencia en las calles y a preservar la tranquilidad y el respeto a la vida.”