Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han expresado su consternación por la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad nicaragüenses a las protestas contra las reformas de la seguridad social y han pedido a las autoridades de Nicaragua que respeten las libertades fundamentales de expresión y de reunión pacífica, en un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales para hacer legal el uso de la fuerza”, dijeron los expertos. “De confirmarse, esto calificaría las muertes como ejecuciones ilegales incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional, cita el comunicado.
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Los expertos citados en el comunicado de la ACNUDH son Clément Nyaletsossi Voulé,Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye,Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión;Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Las represión ordenada por el presidente designado Daniel Ortega en contra de las protestas que se dieron entre el 19 al 22 de abril causaron al menos 34 muertos, y 435 heridos, según datos de organizaciones como Human Rigths Watch y la Cruz Roja.
“Estamos consternados por la respuesta de las fuerzas de seguridad. La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, pues solo allana el camino para una violencia mayor, lo que desemboca en disturbios sociales y políticos.Estamos aún más indignados de que los funcionarios del Estado hayan estigmatizado abiertamente a los manifestantes, llamándolos ‘vándalos’ y acusándolos de ‘manipulaciones políticas’. También nos preocupa la información recibida en relación a campañas de desprestigio, amenazas e intimidación contra defensores de los derechos humanos por su papel de defensa y supervisión durante las protestas”, añade el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
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