Establecer una agenda que reúna todas las demandas de la sociedad nicaragüense para llevarlas al diálogo nacional es el objetivo que reunió en Managua a líderes juveniles de varias organizaciones de la sociedad civil, quienes plantearon temas que no pueden faltar, como la derogación de la Ley 840 y la invasión de los colonos en los territorios indígenas.
Aunque la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) será mediadora en este diálogo, quienes estarán a la vanguardia serán los jóvenes del Movimiento 19 de Abril, quienes exigen la instauración de una Comisión de la Verdad que sea genuina y que una representación de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) investigue, procese y enjuicie a los culpables de la masacre que se registró en Nicaragua.
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“Es una necesidad y una exigencia del pueblo nicaragüense… este espacio ha sido para dar a conocer nuestros planteamientos e iniciar una ponencia de cada punto de vista, de cada experiencia, tenemos pueblos indígenas, tenemos a la comunidad LGTB, periodistas, abogados y todos estos puntos de vista se van a consensuar para llevarlos al diálogo”, explicó Víctor Cuadras, dirigente del Movimiento 19 de Abril.
Por su parte, la representante del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Emilia Guzmán, manifestó que los líderes campesinos respaldan al movimiento universitario, porque los jóvenes han expresado el sentir de la población e indicó que seguirán presionando al Gobierno.
“Nuestra propuesta es hacer un paro nacional, tenemos cuatro puntos estratégicos para hacer el paro… la idea ha sido tomada de manera excelente, todos tenemos un enfoque directo y el llamado es a los jóvenes a que no dejemos de luchar, unámonos, hagamos fuerza, todo el país junto tenemos la fuerza”, expresó Guzmán.
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Mientras tanto, el presidente de la junta directiva de la comunidad indígena de Jinotega, Humberto Hernández, señaló que en el diálogo con el Gobierno se tiene que incluir la invasión de los colonos a los territorios indígenas, la represión a los campesinos anticanal, la represión que se registró después de las elecciones en la Cruz de Río Grande, para evitar más muertes.
“Mi pueblo ha vivido las injusticias de este Gobierno. En primer lugar, sobre las injusticias en la tenencia de la tierra… eso nos hace pensar a nosotros como comunidad indígena que es necesario y urge un restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho aquí en Nicaragua. Si bien es cierto, se dice que hay democracia, pero tenemos un bozal para no opinar, yo creo que Nicaragua es de todos”, agregó Hernández.
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Un denominador común
Aunque las demandas de estas organizaciones de la sociedad civil son diversas, la mayoría de sus líderes han sido víctimas de la represión de los grupos paramilitares del Gobierno, es por este motivo que se han unido para exigir el cese a la represión y la renuncia del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, y su vicepresidenta Rosario Murillo.
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“El pueblo está pidiendo algo muy importante, y es que se reconozcan los crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados por este Gobierno. Que no nos sentemos en una mesa de diálogo mientras este Gobierno no reconozca todo su involucramiento y la culpabilidad que tiene”, expresó Víctor Cuadras, del Movimiento 19 de Abril.
Además, los jóvenes descartan que la salida de Aminta Granera de la Policía Nacional sea un punto a favor del Gobierno, puesto que ella tenía un cargo decorativo y su salida no la exime de culpa.
34
personas murieron en las protestas contra el Gobierno, según datos confirmados por LA PRENSA. Pero la cifra puede ser mayor, según organismos de derechos humanos.