Madres de muertos desconfían de pesquisas de Fiscalía y Policía

Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía iniciaron investigaciones en algunos casos de jóvenes asesinados durante las protestas de abril.

El lunes la Policía se presentó al parque central junto con la Fiscalía, pero no hicieron ningún peritaje ni reconstrucción de hechos. LA PRENSA/ROBERTO MORA

El lunes la Policía se presentó al parque central junto con la Fiscalía, pero no hicieron ningún peritaje ni reconstrucción de hechos. LA PRENSA/ROBERTO MORA

Madres de los jóvenes fallecidos en Estelí durante las protestas del 20 de abril manifestaron su total desconfianza a las investigaciones que están realizando tanto la Policía como la Fiscalía.

Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía iniciaron investigaciones en algunos casos de jóvenes asesinados durante las protestas ocurridas a finales de abril.

El Ministerio Público visitó a los padres de Álvaro Conrado, el niño de 15 años y estudiante de décimo grado del colegio Loyola, quien fue asesinado de un tiro en el cuello.


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En Estelí la Policía Nacional realizó labores de inspección y peritaje en el parque central, donde Orlando Francisco Pérez Corrales, de 24 años, y Franco Alexander Valdivia Machado, también de 24, fueron alcanzados por las balas que, según estudiantes, estaban siendo disparadas desde la Alcaldía de Estelí el pasado viernes 20 de abril.

“Yo lo que miro es un montaje, es un chantaje, de darnos más en las llagas con nuestros muertos. Yo miro que no andan haciendo nada, porque lo hubieran hecho el mismo día o al siguiente día, sino que lo hacen 11 días después”, expresó Socorro Corrales, mamá de Orlando Pérez.

Francisca Machado, madre de Franco Alexander, tampoco cree en las investigaciones realizadas por las autoridades. “Por los vidrios de esa Alcaldía les dispararon. Eso se repone. La vida de mi hijo no me la van a reponer”, expresó.

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Asimismo ambas madres desmintieron que el alcalde Francisco Valenzuela haya buscado a las familias de los jóvenes asesinados, pero dejaron claro que no quieren ver a nadie del Gobierno en sus casas.

Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad, aseguró que la Policía y la Fiscalía solo están tratando de fabricar culpables y que van a culpar a los propios protestantes y no a las fuerzas de orden público. “Hay una orden del presidente de hacer una pantomima para encontrar culpables. Y la Policía es buena para fabricar pruebas. Desde que está instrumentalizada políticamente la Policía tiene en su haber decenas de expedientes fabricados donde achacan culpabilidad a personas inocentes y esto no va a ser distinto”, aclara Orozco.

Los padres de Álvaro Conrado aseguraron que no creen en la investigación realizada por las autoridades. Ayer, su hijo cumplió nueve días de muerto. LA PRENSA/ Oscar Navarrete
Los padres de Álvaro Conrado aseguraron que no creen en la investigación realizada por las autoridades. Ayer, su hijo cumplió nueve días de muerto. LA PRENSA/ Oscar Navarrete

Caso de Álvaro Conrado

Por otro lado, el Ministerio Público visitó a Lizeth Dávila y Álvaro Conrado, padres de Álvaro Conrado; sin embargo, estos no creen en las investigaciones de las autoridades. “Por lo menos yo no creo en ellos, en la investigación que vayan a hacer, si son ellos mismos los que lo asesinaron”, dijo su madre durante la misa de nueve días de Conrado.

LA PRENSA quiso conocer la versión de la familia del joven, pero sus padres pidieron que la entrevista se realizara en otra ocasión, pues estaban organizando los preparativos para los nueve días de su hijo en su casa.

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No se conocen otras investigaciones

Hasta el momento LA PRENSA solo corroboró dos casos en los que la Fiscalía y la Policía Nacional empezaron a investigar.

En León, Aníbal Toruño, dueño de Radio Darío, que fue quemada por dos sujetos supuestamente contratados por políticos sandinistas, aseguró que donde él ni siquiera llegaron los bomberos cuando la radio se incendiaba. Se conoció que en León las autoridades tampoco han tenido contacto con las familias de los asesinados.

Roberto Orozco, experto en temas de seguridad, explica que todo resultado que den las investigaciones son ilegítimos y que las familias de los jóvenes asesinados deben buscar ayuda en organismos internacionales de derechos humanos.

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