Desde mi punto de vista, el colapso de la cooperación petrolera se encuentra, en gran medida, detrás de la marcada desaceleración que viene experimentando la economía desde mediados de 2016 y reduce la capacidad de maniobra económica y política gubernamental.
La desaceleración se acentuó en 2017. La construcción privada termino el año cayendo en 5.6 por ciento y la construcción residencial cayó en 15.4 por ciento. La inversión privada cayó, junto a la Inversión Extranjera Directa. La venta de vehículos cayó en 14 por ciento. Otros indicadores clave de actividad económica, como el consumo de energía eléctrica y de combustibles mostraron también una acentuada desaceleración, lo mismo que el número de afiliados activos del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y los saldos de crédito en términos reales. La importación de bienes de consumo no duradero mostró una caída.
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De hecho, en 2017 el único factor de crecimiento de la economía, estuvo representado por la fuerte recuperación de las exportaciones.
Por otra parte, ahora la mayor parte de la factura petrolera se tiene que comprar ahora en terceros países distintos de Venezuela y en divisas líquidas, lo cual, junto con el aumento en el precio del petróleo y el pago del servicio de la deuda derivada del crédito petrolero, tiende a generar presión sobre las reservas internacionales de divisas. Para contrarrestar la presión sobre las reservas internacionales, y para acumular reservas adicionales, el gobierno implemento una política monetaria y fiscal restrictiva, que empeoran la desaceleración de la economía.
Los pocos datos disponibles a marzo de 2018 indican que la desaceleración económica se había venido profundizando, y que se ha sostenido la política monetaria y fiscal restrictiva.
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Por supuesto, la actual situación de inestabilidad e incertidumbre está provocando un impacto adicional de deterioro económico. En realidad, si el gobierno hubiese permitido que las protestas iniciales por las reformas al INSS se hubiesen desarrollado pacíficamente, todo lo que ha ocurrido después se habría evitado. Pero la respuesta gubernamental de fomentar el caos y el temor, y de irrespeto de los derechos ciudadanos más básicos, ha producido mayores niveles de deterioro de la economía.
La continuidad de la represión y de las movilizaciones masivas de protesta, la enorme inseguridad e incertidumbre provocada por la magnitud de la violencia desplegada contra los manifestantes, y la actitud de connivencia cuando no de colaboración de las fuerzas represivas con fuerzas paramilitares o abiertamente delictivas, se han reflejado en la afectación de dos motores importantes del actual modelo de crecimiento económico, la inversión extranjera directa y el turismo.
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La caída del consumo, resultante de un comportamiento precautorio de la población, ha tenido un efecto de paralización de las ventas que está asfixiando principalmente a las micro unidades económicas de sobrevivencia y de las pequeñas y medianas empresas, de las cuales sobrevive gran parte de la población, y ha golpeado al sector comercial en su conjunto.
En todo esto, lo más grave no es tanto la caída de la inversión privada, resultante de la incertidumbre sin precedentes en muchas décadas que vive el país, sino la continuidad de un escenario en que las instituciones públicas no funcionan como tales, se han convertido abiertamente en aparatos partidarios declarados, participes de la represión, y se han deslegitimado por completo.
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Resulta lógico esperar que la actual situación de incertidumbre política conduzca a determinada retracción de la inversión privada, aunque lo cierto es que existen factores, que deberían aclararse (¿problemas de confianza, de rentabilidad, de debilitamiento de la demanda?), que desde antes de la actual situación política ya estaban provocado un desempeño muy débil de la inversión.
Como referencia, en el caso del impacto de la gran recesión de 2009, la inversión privada cayó en más de 740 millones de dólares, pero esta se recuperó con rapidez cuando los inversionistas tuvieron claro que debido a las políticas de estímulo monetario y fiscal que implementaron prácticamente todos los países desarrollados al unísono, más el estímulo masivo implementado por China, lo peor, es decir, una depresión como la de los años 30, se había evitado.
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En la actual coyuntura, sin embargo, será muy difícil que la economía se recupere plenamente mientras no se logre reconstruir la confianza pública en las instituciones nacionales, lo que posiblemente deberá pasar por un proceso de reconstrucción del pacto social que las sustenta, y por la reconstrucción de las propias instituciones sobre nuevas bases, proceso que además deberá tener en cuenta la irrupción de nuevos actores sociales, antes ignorados o excluidos, en la determinación del futuro del país.
El autor es Economista