Si para tratar de intuir qué tanto pueden lograr las protestas que desde hace más de un mes sacuden Nicaragua ayuda acercarse a la rotonda Rubén Darío, en Managua, no es sólo porque este céntrico punto de la capital es escenario habitual de concentraciones en contra del gobierno.
Hasta ahí volvieron a marchar el jueves centenares de personas exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega, a pesar de que la noche anterior enfrentamientos con simpatizantes sandinistas en el occidente del país habían aumentado el número de muertos a 79.
Y en un país en el que durante mucho tiempo mucha gente no se atrevía a criticar públicamente al mandatario, el hecho de que la fuente dedicada al famoso poeta constantemente reaparezcan pintas que lo acusan de asesino también parece confirmar que muchos nicaragüenses ya perdieron el miedo.
Para alguien que como yo regresa a Nicaragua después de un largo tiempo, sin embargo, incluso más sorprendentes tal vez sean los pequeños puestos de venta de camisetas que operan a pocos metros de la rotonda, los que en un curioso guiño de la economía a los acontecimientos en estos días ofrecen casi exclusivamente playeras con los colores, símbolos y consignas de las protestas.
“Tenemos ‘Viva Nicaragua’, al 19 de abril, al Comandante Monimbó y ‘Que se rinda tu madre‘“, se las describe a BBC Mundo María González, una de las vendedoras de las camisetas.
“Todo el pueblo las está comprando”, asegura la mujer, de 44 años, quien dice alegrarse de poder “apoyar la causa” con su comercio, pero también confiesa haber encontrado en la combativa mercancía una forma de compensar por las malas ventas que han estado afectando a los comerciantes del Mercado Oriental, de donde viene.
Suena casi como si, al menos por el momento, el mercado se hubiera decidido a validar o al menos convivir con lo que en el inicio del Diálogo Nacional un obispo calificó de “revolución no armada” y el canciller nicaragüense denunció como un intento de golpe de Estado poco antes de la suspensión indefinida de esas conversaciones a mediados de la semana.
Más cuando esa suspensión que se produjo porque mientras la denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -integrada por estudiantes, representantes del movimiento campesino, sociedad civil y sector privado- exigían discutir cambios en el sistema político, sus contrapartes del gobierno insistían en abordar un tema fundamentalmente económico: el fin de los bloqueos de carreteras.
“Desde el principio fue claro que había una insistencia por los temas económicos (de parte del gobierno)”, le dice a BBC Mundo María Nelly Rivas, presidenta de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AmCham) y una de las representantes del sector privado en el ahora suspendido diálogo.
“Pero la gravedad de lo que pasó aquí no te permite poner el tema económico por encima de los temas de justicia y democratización”, agrega para explicar por qué, para sorpresa de muchos, los grandes empresarios nicaragüenses también terminaron defendiendo en la mesa de diálogo el derecho de los manifestantes a bloquear “pacíficamente” calles y carreteras.
“Represión brutal”
Sobre “lo que pasó aquí”, sin embargo, los diferentes sectores representados en el diálogo tampoco se ponen de acuerdo.
Aquellos que demandan elecciones anticipadas o una salida inmediata de Ortega acusan al gobierno de una brutal represión y lo responsabiliza directamente por las “graves violaciones de los derechos humanos” denunciadas por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno, por su parte, cuando menos corresponsabilizando a los manifestantes por la escalada de violencia que empezó luego de que sus simpatizantes atacaran una pequeña protesta estudiantil contra de una medida económica: una reforma al sistema de pensiones que no había sido consensuada con el sector privado, un antiguo aliado del presidente Ortega.
Pero en su informe preliminar la CIDH denunció sin ambages “el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”, pidiéndole incluso expresamente al gobierno “desmontar los grupos parapoliciales”.
Y su descripción de lo ocurrido es altamente crítica de las autoridades, pues describe “decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”.
Este patrón se volvió además a hacer evidente después de la suspensión del diálogo, cuando los intentos de grupos de simpatizantes sandinistas por desmontar los bloqueos de calles y carreteras dejaron tres muertos en los departamentos de León y Chinandega (incluyendo a uno de ellos).
Durante la misma jornada, un grupo de voluntarios que brindaba atención médica a los heridos en los enfrentamientos fue retenido por la fuerza en la Casa Sandinista de León y solamente fueron liberados después de varias horas gracias a la mediación de la Iglesia.
Y los manifestantes denunciaron haber sido agredidos por gente llevada en buses desde otras localidades, si bien Gilberto Lacayo, un empresario sandinista que también ejerce tareas de coordinación para el gobernante FSLN en el sureño departamento de Rivas, le había dicho más temprano a BBC Mundo que eran los mismos pobladores los que se estaban movilizando “de forma espontánea”.
“¿Que te queda en un país donde la derecha llama a encerrar en los cuarteles a la policía? Porque los policías son los que tendrían que estar quitando los tranques y es la misma población la que espontáneamente los esta quitando, la misma población la que se está defendiendo de los actos vandálicos”, asegura Lacayo.
Economía vs. justicia y democracia
Lacayo también dice no comprender cómo es que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP, el principal órgano empresarial del país) se está prestando a “boicotear un país con una economía tan frágil” apoyando los tranques.
“Aquí se están perdiendo a diario cualquier cantidad de millones, hemos perdido US$258 millones al día de ayer”, se queja, haciéndose eco de los argumentos repetidos una y otra vez por los delegados del gobierno durante la última jornada del diálogo, en la que también enfatizaron en su impacto sobre la vida cotidiana de los más pobres, de aquellos que se ganan el sustento a diario.
Y ciertamente el impacto de toda la situación sobre la economía ya empieza a sentirse, con analistas independientes estimando las pérdidas en hasta US$600 millones, con sectores como el turismo virtualmente paralizados por la falta de visitantes.
Para muchos nicaragüenses, sin embargo, resulta hasta obsceno ponerse a discutir “sobre pesos y centavos” con la sangre de tantos todavía fresca en las calles.
Y María Nelly Rivas justifica la insistencia de los empresarios en abordar primero el tema de la democratización, sin levantar antes la protesta, como la única forma de no regresar a una “estabilidad aparente”, como la vivida en el país durante los últimos años.
- El simbolismo de las protestas contra Daniel Ortega en Niquinohomo, histórico bastión del sandinismo
“Tenemos que reconocer que si no vamos a la raíz del asunto en temas de derechos humanos, si no entramos a asegurarnos de que aquí te podés elegir, que te podés expresar, que no tenés que estar con miedo, que no tenés que depender de estructuras partidarias para poder avanzar, si no nos movemos hacia eso, cualquier arreglo que hagás no va a ser sostenible”, le dice a BBC Mundo.
Y, de regreso en la rotonda Rubén Darío, María González coincide en que todo eso es una buena razón para mantener los tranques.
“Es que si no, ese hombre (el presidente Ortega) se va a reír del pueblo”, dice la vendedora. Aunque solo basta recorrer unos metros para darse cuenta que no todos están de acuerdo.
“Es verdad que donde antes vendía tres (camisetas) ahora vendo 50, pero no me alegra”, le dice a BBC Mundo Francisco Iván Chávez, quien tiene su propio puesto con gorras y playeras en la misma acera.
“Yo preferiría que todo esto se calmara. Las personas que protestan hacen presión, pero yo les pido a estos compañeros que no presionen mucho porque la carestía de la vida se eleva más y al final de todo el que pierde es el pueblo nicaragüense y los que ponemos los muertos somos los pobres”, agrega.
Del diálogo a los tranques
Por lo pronto, tanto González como Chávez siguen vendiendo las mismas camisetas en la misma acera, pero en los días venideros el balance de fuerzas entre sus dos visiones podría terminar definiendo el rumbo de las protestas.
Y es que con el diálogo suspendido, la pulseada entre gobierno y oposición ha regresado a las calles y se está expresando en los intentos por conservar o desmontar los tranques, lo que podría derivar en mucha más violencia.
En un tranque visitado por BBC Mundo en el empalme de San Benito, donde se juntan las carreteras que conectan a la capital con el norte y el centro del país, los jóvenes a cargo del mismo detenían el tráfico por 20 minutos para luego dejar pasar a todos los conductores.
Pero en otros los manifestantes solamente estaban permitiendo el cruce de algunos vehículos y los medios afines al gobierno los han responsabilizado de al menos dos muertes de personas que necesitaban atención médica urgente.
También hay bloqueos que ya han sido desmontados completamente, y otros que aparecen y desaparecen según la hora y el día.
Y si bien la pulseada por el control de las rutas tiene mucho de simbólica, con ambos bandos asegurando representar a la mayoría de los nicaragüenses y queriendo confirmarlo con el control de las vías, nadie pierde de vista que esta forma de lucha también importa por sus implicaciones económicas.
Por un lado, hay quienes creen que si la continuidad de Ortega en el poder termina siendo asociada con un mayor deterioro de la situación económica, los sectores empresariales asociados al sandinismo -y al mismo Ejército de Nicaragua- eventualmente podrían presionar de forma decisiva al actual mandatario.
Pero el gobierno parece convencido de que si la situación sigue empeorando, será el propio pueblo el que presionará por un regreso a la normalidad que permita “trabajar en paz” y “recuperar el buen rumbo” del país, según palabras de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es la esposa de Ortega.
Y el apoyo del empresariado a las protestas ya está empezando a ser usado para presentar lo que pasa en Nicaragua como una conspiración de “la derecha” y el gran capital en contra de “el pueblo presidente”, como acostumbra describirse el gobierno.
“Así ya no”
Por el momento, sin embargo, aún no está claro que el gobierno haya renunciado completamente a la posibilidad de restaurar el modelo de “consenso económico” que le permitió contar con el apoyo del empresariado nicaragüense a cambio de acordar con ellos las políticas sectoriales y de que el gran sector privado renunciara a inmiscuirse en política.
De hecho, fue por la existencia de ese acuerdo tácito que, al inicio de las protestas, los otros sectores ahora agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron serias dudas acerca del nivel de compromiso de los empresarios con sus demandas de cambio democrático.
El modelo, sin embargo, ya se había venido debilitando como resultado del fin de la cooperación venezolana que financiaba buena parte de la generosidad del gobierno sandinista y sufrió un durísimo golpe con la reforma del seguro social, que no fue consensuada.
Y según María Nelly Rivas, la brutal represión terminó de convencer al empresariado de que ya no podían seguir así, “manejando temas económicos cuando está pasando esto”.
En conversación con BBC Mundo, Rivas trató de describir el estupor causado entre sus asociados por la avalancha de muertos en el que presumía de ser el país más seguro de toda Centroamérica, la que vino a trazar una especie de línea ética que muchos no parecen dispuestos a cruzar.
Pero aún así, en la mesa de diálogo representantes empresariales como Michael Healey, el presidente de la Unión Nacional de Productores de Nicaragua (UPANIC), sorprendieron a muchos al pedir expresamente la renuncia de Ortega.
Y la presidenta de AmCham reconoce que, sobre ese particular, los empresarios todavía no se ponen de acuerdo.
“Nosotros hablamos y siempre hemos hablado de la reforma electoral para elecciones libres, hablamos también de reformas profundas en el sistema, pero no hay un consenso en el cómo ni en el cuándo“, le dice a BBC Mundo.
“Pero eso es algo que tenemos que empezar bien pronto, porque queremos llegar al cómo y al cuándo”, agrega.
Esperar lo inesperado
En principio esto todavía deja abierta la puerta a salidas como la propuesta por Ortega, que ya había venido discutiendo con la OEA reformas al sistema electoral, a aplicarse de cara a los comicios de 2021.
El gobierno también aceptó acoger las recomendaciones de la CIDH, que incluyen la creación de una comisión internacional para que investigue lo ocurrido durante las protestas, y sandinistas como Gilberto Lacayo sostienen que hay que esperar la investigación, al tiempo que dicen no estar dispuestos la salida adelantada del presidente.
Dentro del mismo sector privado, sin embargo, hay quienes piden elecciones adelantadas y quienes exigen la renuncia inmediata de Ortega, pero también otros que en su momento se habían declarado conformes con las gestiones de la OEA.
Y si los empresarios ceden o no logran ponerse de acuerdo entre sí y con los otros miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ésta perderá mucha fuerza.
Por lo pronto, la renuncia este viernes del presidente del COSEP, José Adán Aguerri, a las juntas directivas del Banco Central y el Aeropuerto Internacional sugiere que el distanciamiento con el gobierno se ha venido acentuando.
Pero hasta el momento los empresarios también se han resistido a convocar el paro nacional que algunos les están exigiendo en las calles.
Y aunque ciertamente el empresariado no lidera ni define la protesta -a la que se vio arrastrada por los acontecimientos y el decidido ejemplo de los estudiantes-, su posición ante la misma podría resultar decisiva para su desenlace, especialmente si por una razón u otra los manifestantes no mantienen los tranques.
Esa, sin embargo, no es la única forma de protesta de los que quieren un cambio en Nicaragua.
Para el próximo 30 de mayo, aquellos que demandan la salida de Ortega esperan poder mandarle un nuevo fuerte mensaje al mandatario en ocasión del día de las madres: una marcha convocada por ese día volverá a pasar por la rotonda Rubén Darío y dará una buena idea de la fuerza del alzamiento que para entonces llevará 43 días.
Y muchas otras cosas seguramente pasarán de entonces a la fecha, pues durante el último mes, la patria de Darío y Sandino también ha demostrado que aquí no faltan la creatividad ni el espíritu de lucha, en ambos bandos.
Aunque, sobre todo, Nicaragua nos ha recordado a muchos que, en esta tierra de lagos y volcanes, hay que saber esperar lo inesperado.