El Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) se pronunció este viernes a favor de una salida electoral rápida y sin engaños, que pasa por el enjuiciamiento de la pareja presidencial, frente a la crisis que enfrenta el país desde abril pasado cuando manifestaciones ciudadanas fueron reprimidas por el gobierno dejando un saldo de 98 muertos y centenares de heridos según los últimos recuentos.
EyT consideró que el llamado de justicia que el país clama, tras la masacre, solo se cumplirá a cabalidad si la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señalan expresamente como autores intelectuales de los asesinatos, son procesados en los tribunales correspondientes. “Estos delitos, además del saqueo y privatización a favor de su familia de los recursos públicos. La democratización y la justicia no son dos demandas separadas. Son una sola: son la voz de Dios. Sólo el diálogo puede priorizar demandas con una salida electoral pronta y sin trampas. La amenaza de una nueva piñata, esta vez de impunidad, debe ser desactivada”, sostuvo la organización en un comunicado.
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En el tema del diálogo, actualmente suspendido por la Conferencia Episcopal, que actúa como mediadora y testigo de las conversaciones entre el gobierno y la sociedad a raíz de la crisis, EyT da un mensaje directo a las Fuerzas Armadas y a los miembros del gabinete actual, a quienes les pide su renuncia. “El diálogo que permitiría al país evitar las más sangrientas salidas, tiene como problema esencial la renuencia de Ortega y Murillo a entender que éste se realiza en su beneficio, dándoles la oportunidad de dejar el poder con algunas mínimas condiciones a cambio de detener la ola genocida que los arrastraría junto con el pueblo que hoy machacan. Para encausar el diálogo, es necesario que el Ejército, en la más humanitaria de sus labores constitucionales de prevención y mitigación de desastres, haga ver esta realidad al binomio dictador señalándoles los límites de la paciencia nacional. Es urgente también la renuncia de funcionarios y miembros del gabinete. Una cosa es apoyar a un autócrata, otra muy diferente es ser cómplices cuando este se convierte en asesino”, afirman.
Mensaje a autoridades militares
A la Policía Nacional y a las autoridades competentes le hacen un llamado para hacer efectiva la comparecencia “de los dos aún presuntos criminales (en referencia a la pareja presidencial). El papel del Ejército en lograr que se efectúen los prontos y necesarios arrestos, así como un justo enjuiciamiento es insoslayable”, añadieron.
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La necesidad de un nuevo tribunal electoral
EyT calculó que se podría ir a elecciones seis meses después de conformado un Consejo Supremo Electoral enteramente apartidista y garantizando supervisión internacional. Asimismo cuestionaron el sistema electoral vigente que ha permitido, según sus palabras, fraudes electorales a favor del partido de gobierno.
“Todas las valoraciones independientes y calificadas de los procesos electorales del último decenio prueban de manera fehaciente la naturaleza fraudulenta, ilegítima e inconstitucional del gobierno de la familia (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo. Están documentados y sujetos a la revisión del público, los robos y confiscaciones de al menos 400 alcaldías, concejalías, diputaciones y personerías jurídicas en este período. Por tanto, la búsqueda de salidas legales y constitucionales a la crisis debe partir del hecho que las autoridades gubernamentales son espurias e inconstitucionales y que las barreras legales que estas alzan a la salida pronta y pacífica del gobierno tienen esas mismas características”, sostienen.
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Candidatura ilegal
Según la visión del organismo, fue ilegal la designación de Ortega como candidato a presidente en 2011, la que fue posible gracias a una sentencia judicial, firmada por magistrados de su partido, que declaró inaplicable el artículo 147 que impedía su continuidad en el poder. Esa designación “no se subsanó con la reforma constitucional que luego ´logró´ con una mayoría en la Asamblea Nacional fruto de otro fraude electoral muy bien documentado. En esencia, esto hace ilegítima e inconstitucional su posterior reelección en otro proceso fraudulento en 2016”.
También cuestionan el ejercicio del cargo de Rosario Murillo como vicepresidenta designada, la que califican está usurpando sus funciones, debido a que en la Constitución vigente hay artículos en que se prohíbe de forma clara y expresa que familiares de sangre o por matrimonio del presidente puedan siquiera ser candidatos a cargos de elección popular.
Pese a los miles de ciudadanos, que han marchado pidiendo justicia y la dimisión de Ortega y su esposa, el gobernante dijo que se quedaría en el país y respondió a los empresarios, que también le pidieron elecciones adelantadas, que el país “no es propiedad privada”.
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